Estamos a menos de un año de las elecciones intermedias de 2027.

A nivel federal se renovará la Cámara de Diputados y, simultáneamente, millones de mexicanos elegirán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. No habrá elección de senadores, como sí ocurrió en 2024.

Será una elección particularmente interesante para Morena.

El partido gobernante no ha perdido su enorme capacidad electoral, pero empieza ya a enfrentar un fenómeno inevitable para cualquier movimiento político que permanece muchos años en el poder:

Se le están acabando los culpables.

Morena nació y creció políticamente alrededor de una narrativa muy poderosa.

Había un adversario.

La llamada mafia del poder.

El neoliberalismo.

Carlos Salinas de Gortari.

Felipe Calderón.

Genaro García Luna.

Los gobiernos del PRI y del PAN.

Durante años fue posible explicar una buena parte de los problemas del país señalando hacia atrás. Corrupción, inseguridad, desigualdad, pobreza, violencia o deterioro institucional podían presentarse como consecuencia de quienes habían gobernado México anteriormente.

Políticamente funcionó.

El problema es que el tiempo avanza.

Cuando lleguemos a las elecciones de junio de 2027 habrán transcurrido ocho años y medio desde que Morena llegó a la Presidencia de la República.

Después de ocho años y medio gobernando, la palabra herencia comienza a perder fuerza.

Los adversarios todavía existen

Sería incorrecto afirmar que han desaparecido.

Hace apenas unas semanas, Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición ganando las elecciones en Baja California, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con contrabando de combustibles y delincuencia organizada.

También fue detenido Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, la Fiscalía lo acusa de presunta obstrucción de la justicia y desaparición forzada relacionada con la destrucción de evidencia del caso Ayotzinapa.

Corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades. La presunción de inocencia no debe convertirse en un asunto partidista.

Pero políticamente ocurre algo distinto.

Cada vez resulta más difícil construir una elección nacional únicamente alrededor de lo que hicieron Calderón, Peña Nieto, Salinas o cualquier otro personaje del pasado.

Porque ahora existe también un pasado de Morena.

Ocho años también producen historia

Cuando un partido lleva ocho años y medio gobernando, sus decisiones también pueden ser evaluadas.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo reconocido por la Auditoría Superior de la Federación de 113 mil 327 millones de pesos, considerando el gasto registrado hasta diciembre de 2019.

El AIFA existe, opera y ha aumentado su actividad. No es un aeropuerto vacío. Pero también es cierto que continuará recibiendo apoyo federal por 744 millones de pesos en 2026 y que el AICM sigue enfrentando restricciones de capacidad: este año apenas se autorizó elevar temporalmente sus operaciones de 44 a 46 por hora.

El Tren Maya funciona y transporta pasajeros, pero sus resultados financieros siguen siendo deficitarios. Tan sólo durante el segundo trimestre de 2026 registró pérdidas por 867 millones de pesos, con ingresos por 117 millones frente a costos operativos por 985 millones.

Mexicana de Aviación cerró 2025 con pérdidas operativas por 941 millones de pesos: aproximadamente 2.5 millones de pesos diarios.

Dos Bocas finalmente está produciendo, pero todavía no alcanza de manera sostenida su capacidad proyectada. En junio de este año procesó alrededor de 141 mil barriles diarios, aproximadamente 41.5% de su capacidad instalada de 340 mil barriles. También es justo reconocer que durante otros meses ha operado a niveles considerablemente superiores.

La llamada Megafarmacia del Bienestar no costó simplemente 15 mil millones de pesos. La inversión inicial actualizada fue cercana a 3 mil 949 millones, mientras que el costo total proyectado asciende a 17 mil 635 millones de pesos considerando terreno, instalaciones, operación y mantenimiento.

Estos resultados pueden defenderse, cuestionarse o contextualizarse.

Pero ya pertenecen al gobierno de Morena.

No al de Felipe Calderón.

La deuda tampoco admite simplificaciones

Hay otro dato que merece atención.

Al cierre de junio de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medición más amplia de la deuda pública mexicana, alcanzó aproximadamente 19.05 billones de pesos, equivalentes al 51% del PIB.

En 2017 esa misma medida ascendía a aproximadamente 10.03 billones y representaba 46.2% del PIB.

Nominalmente, por tanto, prácticamente se duplicó.

Lo que significa que el saldo acumulado de la deuda equivale aproximadamente a la mitad del valor de todo lo producido por la economía mexicana durante un año.

Recordemos también que, antes de asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país no se endeudaría y que la deuda no crecería en términos reales.

El espacio fiscal se reduce

A la deuda debemos sumar una presión mucho más complicada porque no puede simplemente eliminarse: las pensiones.

Para 2026, el gasto conjunto en pensiones contributivas y no contributivas se estima en alrededor de 2.3 billones de pesos, equivalente al 6% del PIB. En 2018 representaba aproximadamente 3.4%.

Cada año una mayor proporción del presupuesto ya está comprometida antes de decidir cuánto invertir en carreteras, hospitales, seguridad, educación o nueva infraestructura.

Pemex representa otra parte del desafío.

También aquí debemos reconocer los datos recientes: al 30 de junio de 2026 la empresa reportó una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares, 9.1% menor que al cierre de 2025, además de registrar utilidades durante el segundo trimestre.

Es una mejora que debe reconocerse.

Pero una petrolera con una deuda de esa magnitud sigue representando un desafío gigantesco para las finanzas nacionales.

Llega entonces la pregunta que incomoda

Después de ocho años y medio de gobierno, ¿quién será responsable de todo lo que todavía no funciona?

México continúa enfrentando problemas serios de seguridad, aunque también sería incorrecto negar cualquier avance. Los datos preliminares del INEGI registraron 27,989 homicidios en 2025, con una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, menor a la de 25.8 registrada en 2024.

En salud persisten denuncias y desabasto de medicamentos a pesar de los esfuerzos y de las cifras oficiales que reportan mejoras en el suministro.

En educación, los últimos resultados disponibles de PISA muestran a México por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Sólo 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia en matemáticas, frente a 69% en promedio entre los países de la organización.

Nada de esto significa que los problemas hayan comenzado en 2018.

México arrastra muchos de ellos desde hace décadas.

Pero existe una diferencia entre heredar un problema y gobernarlo durante casi nueve años.

A partir de cierto momento, la pregunta deja de ser quién lo provocó.

La pregunta es qué hiciste para resolverlo.

El enemigo está en casa

Aquí aparece probablemente el mayor desafío político para Morena.

La oposición continúa fragmentada y el oficialismo conserva una enorme capacidad de movilización. Morena puede perfectamente ganar una parte importante de las elecciones de 2027.

Pero mientras los adversarios externos pierden peso, la competencia interna comienza a crecer.

No es casual que 277 políticos se hayan registrado para buscar las candidaturas de Morena a las 17 gubernaturas que estarán en juego. La disputa por esas posiciones ya está provocando tensiones dentro del propio movimiento.

El conflicto empieza a trasladarse del viejo enfrentamiento entre Morena y “los conservadores” hacia una batalla mucho más complicada:

Morena contra Morena.

Gobernadores, senadores, diputados, dirigentes, grupos locales y aliados compitiendo por candidaturas, posiciones y espacios de poder.

Es un proceso natural en cualquier partido dominante.

Cuando los espacios de poder crecen, también crece la competencia por ocuparlos.

El 2030 será otra historia

Quizá la elección de 2027 todavía pueda disputarse con buena parte de las narrativas que llevaron a Morena al poder.

La de 2030 será diferente.

Para entonces habrán transcurrido doce años de gobiernos emanados del mismo movimiento.

Será difícil explicar la inseguridad de 2030 hablando de Felipe Calderón.

Será difícil explicar los hospitales de 2030 hablando de Enrique Peña Nieto.

Será difícil explicar la educación, la infraestructura, las finanzas públicas o Pemex recurriendo permanentemente al neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari.

La responsabilidad terminará inevitablemente regresando a quien gobierna.

Por eso también será fundamental la fortaleza de las instituciones electorales y judiciales.

No puede afirmarse simplemente que el INE “está del lado de Morena”. Actualmente existen incluso fuertes diferencias presupuestales entre el instituto y el gobierno federal.

En el Poder Judicial sí existe una discusión mucho más profunda sobre independencia, legitimidad y contrapesos después de la reforma y de una primera elección judicial en la que participó alrededor del 13% del electorado. El gobierno sostiene que la elección democratizó a un Poder Judicial que requería transformarse; sus críticos advierten que puede debilitar su independencia frente al poder político.

Precisamente por eso importa defender el principio y no al partido:

Un INE autónomo, tribunales independientes, elecciones competidas y votos respetados, gane quien gane.

Probablemente ésta sea la transformación política más importante que deberá enfrentar Morena durante los próximos años.

Durante mucho tiempo su mayor fortaleza fue identificar al adversario.

Ahora su adversario más difícil ya no se llama Salinas, Calderón, Peña Nieto o García Luna.

Se llama balance de gobierno.

Y contra ese adversario no existe discurso suficiente.

Sólo existen resultados.