El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró ante el Senado de Estados Unidos que la acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa apenas el inicio de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Durante una audiencia legislativa en Washington, el titular de la Administración para el Control de Drogas afirmó que las conexiones entre grupos del narcotráfico y actores políticos en México han existido desde hace años, aunque sostuvo que ahora las autoridades estadounidenses están enfocando mayores esfuerzos en esas investigaciones.

Cole declaró que el expediente contra Rocha Moya “es solo el comienzo” de lo que podría venir en territorio mexicano en materia de investigaciones vinculadas al narcotráfico y redes de corrupción política.

DEA vincula colaboración política con impacto del tráfico de drogas

En su comparecencia, el funcionario estadounidense señaló que los servidores públicos que colaboran con organizaciones criminales comparten responsabilidad en las muertes relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Según explicó, la cooperación entre autoridades y grupos delictivos facilita la producción y traslado de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense, lo que agrava la crisis de seguridad y salud pública relacionada con el consumo de drogas.

La audiencia incluyó cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien criticó la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que la política de “abrazos, no balazos” envió señales de permisividad hacia los cárteles.

Acusación fue presentada en Nueva York

El pasado 29 de abril, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron cargos por narcotráfico contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

La acusación fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones estadounidenses que históricamente ha llevado procesos relacionados con crimen organizado y narcotráfico internacional.

Durante la audiencia, Terrance Cole también defendió el uso de la Sección 702 de la legislación de inteligencia estadounidense, mecanismo que permite realizar vigilancia sobre información obtenida legalmente fuera del país sin requerir autorización judicial previa.

El funcionario argumentó que estas herramientas son utilizadas para rastrear vínculos relacionados con terrorismo, redes criminales y operaciones de narcotráfico internacional.

Pentágono insiste en mayor presión contra cárteles

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró ante legisladores estadounidenses que México debe incrementar sus acciones contra los cárteles para evitar una posible intervención directa de Washington.

El jefe del Pentágono describió la cooperación entre ambos países como una colaboración “sin precedentes”, aunque pidió a las Fuerzas Armadas mexicanas reforzar sus operaciones contra el crimen organizado.

Las declaraciones se suman a las recientes advertencias del presidente Donald Trump, quien afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos podría actuar directamente si las autoridades mexicanas no intensifican el combate contra los grupos criminales.

El tema ha elevado la tensión política y diplomática entre ambos países, especialmente en medio de los debates sobre seguridad fronteriza, tráfico de fentanilo y cooperación bilateral en materia de inteligencia.