En la metrópoli más grande del país, los parques y jardines se han vuelto un bien escaso. Frente a presupuestos municipales que privilegian obras hidráulicas y vialidades, la inversión privada irrumpe como fuente de financiamiento —y gestión— de nuevos espacios verdes abiertos a la comunidad.

El déficit verde

La Ciudad de México dispone en promedio de 7.54 m² de área verde por habitante, cifra inferior al mínimo de 9 m² recomendado por organismos internacionales. En Naucalpan el indicador cae a 4.1 m², y aun esa superficie incluye barrancas con acceso limitado. La distribución también es desigual: el 51 % de las zonas verdes utilizables se concentra en alcaldías con mayor poder adquisitivo, dejando a la periferia sin alternativas recreativas de calidad.

Recursos públicos bajo presión

Sin señalar culpables, los presupuestos locales destinan la mayor parte de su gasto a seguridad, vialidades y agua potable. El resultado es que el mantenimiento —y aún más la creación— de parques queda rezagado en la lista de prioridades.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción recuerda que “por cada 10 pesos invertidos en infraestructura urbana, 9 los aporta la iniciativa privada”. Con reglas de coinversión y fideicomisos, los desarrolladores financian diseño, obra y mantenimiento de áreas verdes que permanecen abiertas al público: estacionamientos tarifados, patrocinios o la venta de una fracción del suelo cubren los costos operativos sin cargar al erario.

Una revisión de estudios internacionales muestra que la presencia y el buen cuidado de zonas verdes reduce hasta 40 % los delitos violentos y contra la propiedad, además de atenuar el estrés y fomentar la cohesión comunitaria. En municipios densamente poblados, cada metro cuadrado de verde público es también inversión en seguridad y salud.

Casos que ilustran la tendencia

• Parque La Mexicana (Santa Fe). 28 ha diseñadas bajo un fideicomiso mixto. Más de dos millones de visitas anuales sostienen una programación cultural y deportiva gratuita; el estacionamiento y rentas comerciales cubren el mantenimiento.



• Parque Plaza Satélite (Naucalpan). Reconversión de 4 ha de azotea en el mayor parque elevado de Latinoamérica, de acceso libre y con agenda familiar continua.



Estos proyectos prueban que el capital privado puede fungir como catalizador de espacio público, siempre que existan reglas de accesibilidad y transparencia.

El auge de parques “semi-públicos” exige salvaguardas claras:

1.- Acceso equitativo (sin cuotas u horarios restrictivos).



2.- Contraloría social que supervise ingresos y gastos.



3.- Conectividad verde para evitar islas exclusivas y enlazar los nuevos enclaves con transporte público y corredores ecológicos.



Hacia un pacto metropolitano

Cerrar la brecha de áreas verdes no es solo cuestión de metros cuadrados; es fortalecer el tejido social. Una alianza tripartita —gobiernos que faciliten suelo y agilicen trámites, empresas que internalicen el costo social de sus proyectos y ciudadanía que se apropie de los parques— puede transformar los vacíos urbanos en pulmones de seguridad, salud y convivencia.