El líder sindical Napoleón Gómez Urrutia denunció que diversas empresas mineras que operan en México estarían recurriendo a grupos vinculados al crimen organizado para presionar a trabajadores y manipular procesos sindicales.

Durante una conferencia en el marco de la convención nacional del gremio minero, el dirigente señaló que estas prácticas no se limitan a un solo caso, sino que se replican en distintas regiones del país. Entre las compañías mencionadas se encuentran Américas Gold and Silver, Plata Panamericana y Torex Gold, con operaciones en estados como Sinaloa, Zacatecas y Guerrero.

De acuerdo con la denuncia, el esquema consistiría en la intervención de grupos armados en asambleas sindicales, donde se intimida a los trabajadores para influir en sus decisiones, particularmente en procesos de representación laboral. Esto incluiría presiones para abandonar al Sindicato Nacional Minero y adherirse a organizaciones afines a las empresas.

El caso de la mina Camino Rojo, en Zacatecas, operada por Orla Mining, fue señalado como uno de los ejemplos más visibles de esta dinámica. Según el sindicato, en ese contexto se habrían vulnerado derechos fundamentales como la libertad sindical y la participación democrática de los trabajadores.

Gómez Urrutia sostuvo que algunas de estas prácticas implican la utilización de estructuras que calificó como “sindicatos blancos”, presuntamente vinculados a intereses empresariales y, en algunos casos, al crimen organizado. Estas acciones, afirmó, representarían violaciones tanto a la legislación laboral como a los derechos humanos.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado a las autoridades laborales la revisión de concesiones mineras y el retiro de registros a organizaciones sindicales patronales que, según acusan, operan bajo esquemas de coerción. El objetivo, indicó, es garantizar condiciones de seguridad y libre organización para los trabajadores, quienes en algunos casos han denunciado amenazas.

El dirigente también advirtió que permitir la continuidad de estas prácticas podría sentar un precedente negativo en la industria minera, especialmente en un sector donde la inversión extranjera —principalmente de origen canadiense— tiene un peso significativo.

Las denuncias se producen en un entorno donde la relación entre empresas, trabajadores y autoridades enfrenta nuevos desafíos, particularmente en materia de legitimidad sindical y condiciones laborales en zonas de alta conflictividad.