La actuación de policías estatales durante las protestas por la crisis hídrica en la zona metropolitana de Guadalajara quedó bajo cuestionamiento luego de que Alejandra Rivas denunciara presuntas agresiones físicas, amenazas y actos de tortura en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

La integrante del centro cultural comunitario Casa Quinqué aseguró que fue golpeada y sometida a maltratos después de ser detenida durante las manifestaciones del domingo 11 de octubre. Ante la desconfianza que afirma tener en las autoridades locales, manifestó su disposición a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso cobró relevancia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum condenara los hechos y solicitara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y evitar que las agresiones queden impunes.

Alejandra Rivas relata agresiones durante su detención

En su testimonio, Rivas relató que fue interceptada en la calle Ontario por agentes policiales, quienes, según su versión, la sujetaron de la mochila, la derribaron y la arrastraron sobre el pavimento. También denunció que su teléfono celular fue destruido durante el operativo.

La mujer afirmó que llegó a Casa Jalisco sin calzado, con la ropa desacomodada y lesiones en la cabeza. Una vez dentro del inmueble, explicó, fue llevada a una habitación donde había otras personas con heridas.

De acuerdo con su relato, las agresiones continuaron en ese espacio, donde varias agentes la golpearon, le pisaron los tobillos y la insultaron. Rivas describió un ambiente de intimidación, con personas lesionadas en el suelo, rastros de sangre y gritos de dolor, mientras —según denunció— algunas policías se burlaban de los detenidos y los amenazaban.

Entre los episodios que recordó, mencionó que una de las manifestantes sufrió convulsiones. La experiencia, sostuvo, le ha provocado afectaciones físicas y emocionales que persisten días después de los acontecimientos.

Rivas considera que las autoridades estatales deben responder por lo ocurrido y que es necesario esclarecer las condiciones en las que fueron detenidas y tratadas las personas que participaron en la movilización.

Hasta la información proporcionada para esta nota, sus señalamientos corresponden a un testimonio de presuntas agresiones y no se incluyen resultados de una investigación oficial que permitan establecer responsabilidades.

Sheinbaum exige investigar y sancionar posibles abusos

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier acto de tortura cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad y pidió a la CNDH profundizar en la investigación de los hechos registrados en Guadalajara.

La mandataria señaló que deben entrevistarse las víctimas, esclarecerse las circunstancias de las detenciones y determinarse quién pudo haber ordenado las presuntas agresiones. También sostuvo que el gobernador Pablo Lemus debe responder por lo sucedido en el ámbito de sus responsabilidades.

Sheinbaum enfatizó que el uso de la fuerza pública no puede justificar actos de tortura y que las autoridades deben actuar para garantizar que las denuncias sean investigadas y, en su caso, sancionadas.

Asimismo, informó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acontecimientos en Jalisco.

Durante su pronunciamiento, la presidenta también se refirió a denuncias de agresiones atribuidas a policías en Guanajuato, entre ellas las señaladas contra un periodista, estudiantes universitarios y una mujer, además del asesinato de un joven trabajador. En ese contexto, planteó la necesidad de que las instancias federales intervengan para esclarecer los casos.

La crisis del agua, origen de las protestas

Las manifestaciones del 11 de octubre se realizaron en medio de la inconformidad por los problemas relacionados con el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara.

Las denuncias de presuntos abusos policiales han abierto un nuevo frente de atención pública, ahora centrado en el respeto a los derechos humanos durante los operativos de seguridad y en la obligación de las autoridades de esclarecer los hechos.

La eventual denuncia de Alejandra Rivas ante la FGR podría contribuir a que se revisen las circunstancias de su detención y el trato que, según su testimonio, recibió dentro de Casa Jalisco.

Mientras tanto, la petición de la presidenta a la CNDH coloca la investigación de las presuntas agresiones en el centro de la discusión. El esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables —si los hubiera— y la atención a las víctimas serán fundamentales para determinar el alcance de las denuncias.