La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 438 votos a favor y de manera unánime, una iniciativa impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que adiciona las fracciones VIII y IX del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para regular la cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente. El dictamen fue dispensado de trámite y será turnado al Senado para su análisis.

La reforma responde a las quejas frecuentes de consumidores sobre la dificultad para darse de baja en servicios digitales: aunque suscribirse suele ser un proceso sencillo, la salida a menudo presenta trabas que prolongan cobros no deseados. El expediente legislativo plantea que los proveedores deberán avisar al usuario, con al menos cinco días de anticipación, sobre el vencimiento de su suscripción y consultar si desea renovarla; de negarse, los cobros se suspenderían de inmediato.

Además de la notificación previa, la iniciativa exige mecanismos accesibles y eficaces para la cancelación —como la posibilidad de dar de baja el servicio en el mismo medio en que se contrató y, en la práctica, con “un clic”— sin penalizaciones ni requisitos adicionales que compliquen el proceso para el consumidor. La propuesta también contempla mayor transparencia sobre montos, fechas y frecuencia de cobro.

Ricardo Monreal defendió la iniciativa en tribuna y compartió una experiencia personal para subrayar la gravedad del problema: aseguró que tuvo dificultades para cancelar un servicio y que esto le generó afectaciones en su historial crediticio, argumento que contó para ejemplificar los efectos concretos de las prácticas actuales. La iniciativa obtuvo el respaldo de todas las bancadas —incluido el PAN, que presentó una reserva para precisar la redacción sobre los cobros automáticos— y los promotores acordaron incorporar mejoras de redacción antes de su trámite en el Senado.

El alcance de la medida es relevante por el tamaño del mercado de suscripciones en México: se calcula que millones de usuarios contratan servicios digitales cada año y que el sector mueve miles de millones de pesos, razón por la cual los legisladores argumentaron que la protección al consumidor debe actualizarse para las nuevas formas de contratación digital. En tribuna se recordó la necesidad de extender reglas similares a otros esquemas con cobros recurrentes, como tarjetas de crédito, seguros y servicios de transporte.

Qué cambia, en resumen

• Proveedores deberán notificar al menos cinco días antes del vencimiento de la suscripción y consultar al usuario si desea renovarla; la negativa implicará la suspensión inmediata del cobro.

• Las plataformas tendrán que ofrecer mecanismos sencillos y accesibles para cancelar (posible “un clic” o el mismo medio de contratación).

• El trámite fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora continuará su ruta legislativa en el Senado.

  
  

La aprobación unánime fue valorada por legisladores como un gesto de consenso en defensa del consumidor. Los próximos pasos legislativos determinarán el contenido final de la norma y su entrada en vigor; en tanto, el debate abrió la puerta para que la autoridad normativa —y eventualmente la Procuraduría Federal del Consumidor— establezcan lineamientos específicos sobre la forma y los plazos para la notificación y la cancelación efectiva de servicios digitales.