La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La propuesta establece que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, mientras que durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir, invocar o hacer valer una nacionalidad distinta a la mexicana.

En la votación en lo general, el proyecto obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Posteriormente, tras un debate de alrededor de 11 horas, el Pleno lo aprobó también en lo particular, con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El proyecto fue turnado al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo.

¿Qué plantea la reforma sobre la doble nacionalidad?

La modificación no elimina el derecho de los mexicanos a contar con una segunda nacionalidad. La restricción se concentra en quienes pretendan ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo federal y estatal.

De acuerdo con el dictamen, una persona mexicana por nacimiento que posea otra nacionalidad podrá aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX si renuncia previamente a esa nacionalidad, conforme al procedimiento previsto en la legislación correspondiente.

La propuesta tampoco extiende esta condición a otros cargos de elección popular. La doble nacionalidad continuaría siendo compatible con candidaturas a diputaciones, senadurías, presidencias municipales y otros puestos que no correspondan a la titularidad de los poderes ejecutivos señalados.

El proyecto contempla que las nuevas disposiciones tengan efectos a partir de 2028, por lo que no modificarían las reglas de las elecciones de 2027.

Morena, PT y PVEM defienden la soberanía

Durante la discusión, Morena y sus aliados sostuvieron que la llamada nacionalidad única busca asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, argumentó que la reforma no afecta el derecho general de los mexicanos a conservar una doble nacionalidad, sino que establece una condición específica para quienes pretendan ejercer estos cargos.

Desde el PT y el PVEM también se defendió la modificación bajo el argumento de fortalecer la soberanía y garantizar que las personas titulares de los poderes ejecutivos respondan al interés nacional.

Oposición cuestiona la medida

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron contra el dictamen y centraron sus intervenciones en cuestionar que la doble nacionalidad sea un criterio suficiente para determinar la lealtad o compromiso de una persona con México.

Las bancadas opositoras también plantearon que la discusión sobre soberanía debería concentrarse en problemas como la inseguridad y la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

Durante el debate se mencionaron casos de políticos que han ocupado cargos públicos pese a contar con una segunda nacionalidad, como ejemplos de la discusión sobre la aplicación de la nueva regla y sus alcances.

La oposición también cuestionó que la reforma pudiera convertirse en una limitación para mexicanos con vínculos migratorios y doble nacionalidad, aunque el dictamen establece que la restricción está dirigida específicamente a quienes aspiren a encabezar el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o la Jefatura de Gobierno capitalina.

El siguiente paso está en el Senado

Con la aprobación en ambas fases de la Cámara de Diputados, la propuesta de reforma constitucional sobre nacionalidad única pasó al Senado, donde deberá ser analizada y, en su caso, aprobada para continuar el procedimiento previsto para las modificaciones constitucionales.

De concretarse el proceso legislativo, México tendría a partir de 2028 un nuevo requisito constitucional para quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: contar únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de solicitar el registro y durante el ejercicio del cargo.