La Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que busca poner freno a los abusos en el uso de tarjetas bancarias en México.

El dictamen aprobado establece que las instituciones financieras tendrán prohibido realizar cargos no autorizados, aplicar comisiones escondidas o emitir tarjetas de crédito y débito sin consentimiento expreso del usuario. El objetivo central es fortalecer los derechos de alrededor de 40 millones de personas que utilizan servicios financieros y evitar prácticas que dañan directamente su economía.

Adiós a las tarjetas no solicitadas y a las comisiones sorpresa

Con la reforma, los bancos ya no podrán enviar tarjetas sin que el cliente las haya solicitado, ni generar anualidades, intereses o cargos sobre productos o servicios que no hayan sido aceptados de manera formal.

Además, se refuerza la obligación de que toda la información sobre costos, tasas, comisiones y condiciones se entregue de forma clara, veraz y accesible, en línea con los principios de transparencia y buena fe en la relación entre bancos y usuarios.

En tribuna, el diputado Ricardo Monreal advirtió que una de las prácticas más recurrentes ha sido el envío de plásticos no solicitados que, con el tiempo, terminan generando adeudos, cargos y afectaciones al historial crediticio de las personas, aun cuando nunca los activaron ni usaron.

Cancelación gratuita, rápida y sin trabas

Otro de los puntos clave de la reforma es la garantía del derecho a cancelar tarjetas sin penalizaciones ni costos ocultos.

Los bancos deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales —incluyendo banca en línea y aplicaciones móviles— para que los usuarios puedan bloquear de inmediato sus plásticos y concretar la cancelación definitiva en un plazo máximo de tres días hábiles.

Queda prohibido que las instituciones:

• Cobren por el trámite de cancelación.

• Impongan nuevas comisiones en el proceso.

• Perjudiquen el historial crediticio del usuario por ejercer su derecho a cancelar.

  
  

Las entidades financieras estarán obligadas a entregar comprobantes físicos o digitales que acrediten la cancelación y a reembolsar cargos indebidos en un máximo de cinco días hábiles. El dictamen subraya que el proceso debe ser gratuito, rápido y verificable.

Condusef y Profeco, responsables de vigilar el cumplimiento

La vigilancia de estas nuevas disposiciones recaerá en dos instituciones:

• La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el caso de los bancos.

• La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuando se trate de emisores de tarjetas comerciales u otras entidades que ofrezcan servicios financieros al público.

  
  

Ambas autoridades podrán sancionar a las instituciones que no respeten la ley o que mantengan prácticas abusivas contra los consumidores.

Más de 251 mil quejas en un año

De acuerdo con datos de la Condusef, el año pasado se registraron más de 251 mil reclamaciones relacionadas con tarjetas y créditos personales. Entre las principales quejas se encuentran:

• Cargos no reconocidos.

• Comisiones indebidas.

• Obstáculos para cancelar servicios financieros.

  
  

Dentro de ese universo, 7 mil 594 casos correspondieron a cancelaciones no atendidas o ignoradas, lo que coloca este problema entre las siete principales causas de reclamación en el país.

Hacia una relación más justa entre bancos y usuarios

Con esta reforma, la Cámara de Diputados busca equilibrar la balanza entre las instituciones financieras y las personas usuarias, dotándolas de herramientas concretas para defender sus derechos y prevenir nuevos abusos.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. De ser aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en todo el sistema financiero.

La iniciativa se presenta como un avance en la protección de la economía familiar, al dejar claro que ningún usuario debe pagar por productos o servicios que nunca solicitó.