La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —476 votos a favor— una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurece las sanciones contra quien trafique e introduzca armas de fuego al territorio nacional. Con penas de 7 a 30 años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, el Congreso busca disuadir el tráfico de armas y garantizar mayor seguridad frente al crimen organizado.

En paralelo, la iniciativa favorece la legítima defensa al facilitar permisos para portar armas en el domicilio y proteger los bienes de la ciudadanía ante la creciente violencia. Además, autoriza el uso de armas a personal de seguridad en áreas estratégicas como Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y SAT, con el objetivo de blindar sectores clave contra amenazas.

El dictamen especifica también sanciones de 7 a 15 años de prisión y multas de mil a dos mil UMA para quienes se apoderen indebidamente de las armas de corporaciones policiales y militares. Para las comunidades ejidales y comunales, respeta el derecho a la posesión responsable de armas para fines lícitos, detallando calibres permitidos y prohibiendo que militares retirados ofrezcan servicios de seguridad privada con su armamento personal.

Con esta reforma exprés, impulsada en el último año de la administración anterior, la Cámara de Diputados fortalece el control sobre la posesión de armas, promueve campañas de sensibilización contra el tráfico de armas y sienta las bases para un sistema más rígido de licencias y sanciones. El dictamen ha sido turnado al Senado para su discusión y eventual aprobación definitiva.