Estados Unidos y México están próximos a cerrar un pacto que eliminaría el arancel del 50 % al acero proveniente de nuestro país, siempre que los volúmenes de importación se mantengan por debajo de un límite basado en el promedio histórico. Aunque cualquier convenio requerirá la firma del presidente Donald Trump, las conversaciones han sido conducidas por el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, sin intervención directa de la Casa Blanca.

Este posible acuerdo retoma la estructura de una dispensa provisional implementada en el primer mandato de Trump, diseñada para prevenir incrementos súbitos de importaciones. Bajo la nueva propuesta, el tope sería más amplio que en 2019, buscando salvaguardar el dinamismo del sector siderúrgico mexicano y estadounidense. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que México solicitó una exclusión general al gravamen, argumentando que EE. UU. mantiene un superávit comercial de acero con nuestro país y que un trato diferenciado, similar al otorgado al Reino Unido, sería más justo.

Las importaciones de acero de México hacia EE. UU. sumaron alrededor de 3.2 millones de toneladas en el último año, equivalente al 12% del total de este material en el mercado estadounidense. Analistas como Simon Lacoume de Coface advierten que los aranceles disparan la volatilidad de precios y presionan los márgenes de industrias manufactureras —en especial la automotriz—, mientras aumenta el costo de la cadena de suministro.

En el frente logístico, especialistas como María José Gamba de Control Terrestre subrayan que los gravámenes elevan los costos de transporte y almacenaje, obligando a las empresas a optimizar rutas, diversificar proveedores y reforzar la trazabilidad con herramientas tecnológicas.

Con la cumbre del G-7 y futuros encuentros bilaterales en puerta, ambos gobiernos buscan concretar un mecanismo que restablezca la competitividad de las exportaciones mexicanas bajo el T-MEC, al tiempo que mitigue los efectos de las políticas proteccionistas.