La elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025 representó una oportunidad de negocio para empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por investigaciones periodísticas como cercano a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante ese proceso, organismos electorales de cinco entidades otorgaron contratos millonarios a Cajas Graf y Litho Formas para adquirir materiales electorales.

De acuerdo con una revisión de contratos publicada por El Universal, las empresas recibieron en conjunto 123 millones 143 mil 630 pesos por adquisiciones realizadas por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit.

Los recursos se destinaron al suministro de materiales para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 y para los ejercicios de simulación relacionados con la elección judicial.

Quintana Roo concentró los contratos más elevados

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) otorgó los contratos de mayor cuantía entre los casos documentados. Litho Formas recibió 34 millones 798 mil pesos mediante el contrato IEQROO/LPN/16/2025, mientras que una modificación contractual permitió a Cajas Graf suministrar materiales adicionales por 15 millones 897 mil 222 pesos.

En conjunto, las operaciones representaron 50 millones 695 mil 224 pesos para ambas empresas en la entidad.

Sonora ocupó el segundo lugar. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contrató a Cajas Graf por 29 millones 996 mil 292 pesos y posteriormente amplió el suministro mediante una modificación de poco más de 1.1 millones de pesos. El monto total reportado ascendió a 31 millones 98 mil 292 pesos.

Los contratos restantes se distribuyeron entre San Luis Potosí, donde Litho Formas recibió 16 millones 899 mil 925 pesos; Coahuila, con 16 millones 874 mil 959 pesos, y Nayarit, con 7 millones 575 mil 228 pesos.

Estas adquisiciones colocaron a las dos compañías entre las beneficiarias de recursos públicos destinados a la organización de los comicios judiciales en las entidades mencionadas.

Señalamientos sobre posibles licitaciones simuladas

El caso adquiere mayor relevancia por los antecedentes de las empresas proveedoras. Investigaciones periodísticas basadas en documentación contractual y registros empresariales señalaron que distintas compañías relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas habrían participado en procedimientos de contratación en los que la competencia entre licitantes no habría sido genuina.

Entre los elementos reportados figuran coincidencias en domicilios fiscales, cambios frecuentes de representantes legales y relaciones comerciales entre compañías que, en los procesos de licitación, aparecían como participantes distintas.

Una visita periodística a instalaciones de Cajas Graf y Corporativo Zeg, ambas ubicadas en Ecatepec, Estado de México, también documentó su proximidad física. Según el reporte, un trabajador indicó que las dos empresas realizaban trabajos entre sí.

Estos elementos forman parte de los señalamientos sobre un posible esquema de competencia simulada en la contratación de materiales electorales. Sin embargo, su alcance y las responsabilidades correspondientes deben establecerse a partir de las investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.

Antecedentes de contratos por más de mil millones de pesos

Las investigaciones citadas también identificaron contratos anteriores por más de mil millones de pesos otorgados a empresas del grupo en organismos electorales de al menos 13 estados.

De acuerdo con la información publicada, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) examinaron posibles irregularidades relacionadas con procedimientos de adjudicación y mecanismos de competencia entre proveedores.

La relación empresarial con Guadalupe Taddei también ha sido objeto de escrutinio periodístico. Los reportes sitúan antecedentes de estos vínculos en 2014, cuando Taddei encabezaba el Instituto Electoral del Estado de Sonora, cargo que desempeñó hasta 2021 antes de asumir la presidencia del INE.

Los contratos correspondientes a la elección judicial de 2025 vuelven a colocar bajo la lupa la contratación de proveedores electorales y los mecanismos utilizados para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.

El caso plantea interrogantes sobre la competencia efectiva en las licitaciones, la supervisión de los organismos electorales y la necesidad de que las autoridades fiscalizadoras determinen si existieron irregularidades y, en su caso, deslinden responsabilidades.