El pasado domingo México celebró sus primeras elecciones judiciales, un paso clave en la reforma del Poder Judicial, pero la participación estimada en torno al 13% de los 100 millones de ciudadanos convocados ha desatado un amplio debate sobre la legitimidad del proceso y la independencia judicial. Desde la organización hasta los resultados, expertos y votantes señalan que este ejercicio está marcado por la desconfianza, denuncias de irregularidades y la percepción de que busca concentrar el control político sobre los tribunales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó cerca de la medianoche sobre la baja participación ciudadana, pero faltará esperar varios días para conocer el número exacto de votos nulos, así como la conformación definitiva de los principales tribunales, incluida la Suprema Corte y el recién creado Tribunal Disciplinario. Entre los más de 7,000 candidatos que competían por alrededor de 2,600 cargos judiciales, se incluyen perfiles controversiales como abogados vinculados a la defensa de narcotraficantes o aspirantes con antecedentes penales. Ese escenario profundiza la incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial.

Aunque algunos ciudadanos acudieron a las urnas con la intención de informarse y elegir a los magistrados que consideraban más aptos, otros optaron por anular sus boletas como forma de protesta. “Esto es una burla”, comentó un consultor de 67 años que decidió votar únicamente para los tribunales más relevantes y dejar en blanco el resto, como señal de inconformidad. En contraste, algunos votantes, como la psicóloga Ariadna Martínez, defendieron que, pese a los problemas, se trató de “un ejercicio digno” para intentar democratizar la justicia.

Académicos, sin embargo, mantienen la postura de que estas elecciones judiciales sirven, en realidad, para controlar el Poder Judicial, considerado un contrapeso esencial en cualquier democracia. Laurence Patín, investigadora del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, advierte que el nuevo sistema podría debilitar la autonomía de los jueces y favorecer la influencia política sobre las cortes. A nivel internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó un equipo de observación que emitirá un informe preliminar este martes, evaluando aspectos como la independencia de la justicia, la separación de poderes, el acceso a la justicia y el respeto a la democracia constitucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las críticas en el mismo día de la votación, asegurando que cualquier acusación de autoritarismo “es mentira”. Para la mandataria, el procedimiento fue un proceso “transparente”, con candidatos seleccionados por “comisiones profesionales”, campañas “austeras” y un voto libre. Incluso afirmó que México es “el país más democrático del mundo” y consideró la jornada electoral como “todo un éxito”. Para reforzar la percepción de transparencia, el INE transmitió en tiempo real, a través de YouTube, el conteo de boletas, un proceso que se prolongará más de una semana.

En el ámbito académico, el exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el chileno Jaime Arellano, expresó su preocupación por el bajo nivel de participación ciudadana, al considerar que compromete la legitimidad política de los nuevos jueces. Arellano advierte que, aunque los magistrados electos intenten ampararse en la Constitución, la falta de respaldo popular podría traducirse en una menor autonomía frente a los poderes fácticos, incluyendo al crimen organizado. En este sentido, hay voces que sostienen que los cárteles de la droga ya influyen sobre los jueces, electos o no, como señaló la abogada jubilada Martha Tamayo, exdiputada federal originaria de Sinaloa.

Para la investigadora Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), existen señales de alerta temprana que podrían evidenciar una captura de la justicia: primero, cuando los políticos atacan sistemáticamente a las instituciones judiciales para presentarse luego como solución; y segundo, cuando el gobierno desobedece sentencias. En México, los señalamientos contra jueces comenzaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien los acusó de corruptos, recortó su financiamiento y ordenó aprobar la reforma judicial ignorando mandatos judiciales.