A dos meses de las elecciones judiciales en 19 estados, ocho entidades enfrentan un riesgo "alto" y "muy alto" de que el crimen organizado influya en la selección de jueces, según el mapa de riesgos de México Evalúa. Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo destacan por la combinación de violencia político-electoral histórica, disputas entre cárteles y la renovación de más del 50% de los cargos judiciales locales. Armando Vargas, coordinador del estudio, alerta que estas elecciones —las primeras para el Poder Judicial— son una oportunidad para que grupos criminales aseguren impunidad mediante amenazas, coacciones o ataques letales.

Baja California: Epicentro de la Tormenta Perfecta

Con el 100% de los cargos judiciales locales en disputa y 92 agresiones registradas en 2024, Baja California encabeza la lista de riesgo. Cárteles como el de Sinaloa, CJNG y el de Tijuana libran batallas por el control de aduanas y rutas migratorias hacia EE.UU., lo que incrementa su interés en manipular las elecciones. La entidad, con focos rojos en Mexicali y Tijuana, combina tráfico de drogas, extorsión y trata de personas, factores que facilitan la infiltración en instituciones judiciales. "Quien controle estos cargos, controlará las decisiones legales que afectan sus operaciones", advierte Vargas.

Golfo y Pacífico: Violencia y Disputas Territoriales

Veracruz, Michoacán y Tamaulipas —junto con Tabasco y Quintana Roo— enfrentan riesgos elevados por la presencia de cárteles como el del Noreste, Golfo y CJNG, que buscan impunidad para delitos como tráfico de especies marinas o trata. En Michoacán y Veracruz, donde más ataques a candidatos ocurrieron en 2023, se renovará más de la mitad de los jueces locales. Villahermosa, Tabasco, vive una ola de violencia desde octubre, con ataques atribuidos a grupos como La Barredora. Estos estados reflejan cómo la lucha por el control judicial se entrelaza con economías ilícitas y corrupción institucional.

Ausencia de Protocolos: Un Sistema Desprotegido

Aunque Aguascalientes, Yucatán, Durango y Coahuila figuran con riesgo bajo, México Evalúa subraya que ningún estado está exento. La falta de protocolos de protección para candidatos judiciales y la indiferencia gubernamental ante la violencia electoral de 2024 agravan la crisis. "No hay mecanismos para evitar que esta elección se bañe en sangre", sentencia Vargas. Con cárteles consolidando hegemonías —como el CJNG en San Luis Potosí— o reorganizándose —como en CDMX con La Unión Tepito—, la autonomía judicial pende de un hilo. La impunidad, advierten, podría convertirse en ley.