El gobierno de México reconoció formalmente la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica, quien en 2007 fue víctima de violación sexual y tortura por parte de elementos del Ejército mexicano, hechos que derivaron en su fallecimiento.

La determinación se dio luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificara al Estado mexicano la sentencia en la que concluye que existieron omisiones graves en el deber de brindar atención médica oportuna, así como en la conducción de una investigación con debida diligencia. El tribunal estableció que estas fallas vulneraron los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la no discriminación, el acceso a la justicia, la verdad y la protección judicial.

Omisiones del Estado y negación oficial

Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Ernestina Ascencio, de 73 años, fue agredida por un grupo de soldados y falleció posteriormente sin recibir atención médica adecuada.

En su momento, el gobierno federal negó que la muerte se hubiera producido a consecuencia de las agresiones sexuales y la tortura, atribuyéndola a una supuesta enfermedad preexistente. Esa versión fue respaldada entonces por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que cerró las vías de justicia en el ámbito interno y motivó que el caso fuera llevado ante instancias internacionales.

Reconocimiento ante la Corte Interamericana

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación informaron que durante la audiencia de notificación celebrada en San José, sede de la CoIDH, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos de la señora Ascencio, particularmente por la falta de servicios médicos oportunos y adecuados.

Las dependencias reconocieron también la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la víctima y de sus familiares, así como el daño a la integridad personal de estos últimos.

Compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición

La SRE y la Secretaría de Gobernación señalaron que analizarán con detenimiento el contenido de la sentencia para cumplir con las obligaciones establecidas por el tribunal internacional, actuando con perspectiva de género y enfoque interseccional. Subrayaron que la posición del Estado mexicano es solidarizarse con las víctimas, garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición de hechos similares.

Finalmente, el gobierno federal reafirmó su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres y de proteger los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo que el caso Ernestina Ascencio representa una deuda histórica del Estado mexicano en materia de derechos humanos.