La actuación de los cuerpos de seguridad durante una protesta por el acceso al agua potable en Jalisco desató nuevas exigencias de rendición de cuentas. Diputados de oposición y colectivos ciudadanos solicitaron la renuncia del secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, tras las denuncias de represión, uso excesivo de la fuerza y presuntos actos de tortura contra manifestantes el pasado 11 de octubre, frente a Casa Jalisco.

Las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo (PT) demandaron la separación del cargo de los funcionarios responsables, así como investigaciones para esclarecer los hechos, reparar el daño a las víctimas y revisar las imputaciones contra las personas detenidas durante la movilización.

Los reclamos también alcanzaron a los mandos que pudieron haber intervenido en la toma de decisiones. Los colectivos sostuvieron que las responsabilidades no deben limitarse a los agentes que participaron directamente en los operativos, sino que deben esclarecerse las posibles órdenes emitidas desde niveles superiores.

Secretaría de Seguridad identifica a 17 policías

En una conferencia de prensa, Juan Pablo Hernández González informó que la Secretaría de Seguridad estatal identificó a 17 elementos policiales que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, hicieron un uso desproporcionado de la fuerza o incurrieron en posibles irregularidades durante la protesta.

El funcionario explicó que existe un expediente con al menos 200 videos de distintos ángulos para reconstruir lo sucedido el 11 de octubre. También señaló que los agentes identificados serán llamados a declarar.

Sin embargo, el secretario no reconoció que la actuación policial hubiera respondido a instrucciones de los mandos superiores y atribuyó las presuntas irregularidades al comportamiento de los elementos desplegados frente a los ciudadanos.

Por su parte, el regidor de Morena en Zapopan, Mauro Lomelí, pidió investigar quién ordenó utilizar chorros de agua a presión contra los manifestantes y esclarecer la participación de personal de bomberos en el operativo.

De acuerdo con la información difundida sobre los hechos, elementos de Bomberos de Zapopan y de Protección Civil Jalisco habrían accionado los dispositivos de agua, mientras que Bomberos de Guadalajara se deslindó mediante un comunicado.

Colectivos convocan a nueva marcha por el agua

Las exigencias de justicia se extendieron al Congreso de Jalisco, donde colectivos ciudadanos reiteraron su rechazo a la privatización del servicio de agua y pidieron que se investigue tanto a los agentes que intervinieron como a quienes pudieran haber ordenado las acciones denunciadas.

Además, anunciaron su participación en una nueva movilización programada para el domingo siguiente, con salida a las 11:00 horas desde el parque Revolución, conocido como parque Rojo, y destino en el Palacio de Gobierno.

La convocatoria se produce en medio de las demandas por garantizar el acceso al agua potable y esclarecer las responsabilidades derivadas de la protesta anterior.

282 académicos condenan la actuación policial

A las exigencias políticas y ciudadanas se sumó un pronunciamiento firmado por 282 docentes e investigadores de instituciones como la Universidad de Guadalajara (UdeG), el ITESO, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras.

El documento condenó la respuesta violenta de las autoridades ante la movilización relacionada con la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los firmantes señalaron que durante el operativo se denunciaron agresiones con gas lacrimógeno, chorros de agua, golpes, encapsulamientos y detenciones arbitrarias.

También destacaron la presencia de personas adultas mayores y menores de edad entre quienes participaron en la protesta.

Los académicos relacionaron el conflicto hídrico con otros problemas estructurales de Jalisco, entre ellos la crisis de desapariciones, el encarecimiento de la vivienda asociado a la especulación inmobiliaria y los impactos ambientales de los monocultivos.

La exigencia central de los distintos sectores es que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y garantizar que las denuncias de abuso policial sean atendidas, sin limitar el proceso a los elementos que estuvieron directamente en el operativo.