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FGR señala a Inés Gómez Mont por presunto desvío de 2 mil 450 millones destinados a cárceles

Ernestina Godoy explicó que la conductora habría participado en una red de contratos con empresas fantasma y triangulación de recursos públicos; enfrenta tres órdenes de aprehensión en México.

México

3 de noviembre de 2026

Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a la conductora Inés Gómez Mont por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos que estaban destinados a centros penitenciarios del país, mediante contratos cuyo valor asciende a 2 mil 450 millones de pesos.


Durante una explicación sobre el avance del caso, la fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que las investigaciones apuntan a una operación con empresas presuntamente utilizadas para simular servicios y facilitar la dispersión irregular de dinero público.


De acuerdo con la FGR, el esquema involucraría al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), instancia responsable de la administración de los centros penitenciarios federales. Las cuentas bancarias de Gómez Mont habrían sido utilizadas para recibir y triangular parte de los recursos investigados.


La fiscal también señaló presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales de la conductora correspondientes a 2014 y 2016. Según las indagatorias, habría reportado ingresos inferiores a los realmente obtenidos, situación que presuntamente ocasionó una omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.


Godoy subrayó la relevancia de esclarecer el destino de los recursos públicos, particularmente porque el dinero involucrado estaba relacionado con servicios y necesidades del sistema penitenciario mexicano.


Tres órdenes de aprehensión y posible extradición


La titular de la FGR confirmó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont en territorio mexicano.


La primera fue emitida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos fueron libradas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial.


Como parte del procedimiento internacional, en septiembre de 2025 la Fiscalía solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la conductora con fines de extradición.


Godoy explicó que durante las últimas semanas se intercambió información con las autoridades estadounidenses y se entregaron las órdenes de aprehensión correspondientes. Sin embargo, precisó que la situación actual de Gómez Mont está relacionada con un procedimiento migratorio cuya resolución compete al gobierno de Estados Unidos.


La fiscal indicó que, si las autoridades estadounidenses determinan su expulsión y la conductora regresa a México, las órdenes de aprehensión podrán ejecutarse una vez que se encuentre en territorio nacional.


Permanece bajo custodia migratoria en Florida


Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre y permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).


Su situación migratoria y los procedimientos relacionados con una eventual entrega a México mantienen el caso en el ámbito de la cooperación entre ambos países.


La investigación también adquirió relevancia luego de que se reportara la cancelación de una ficha roja de Interpol, situación que provocó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el seguimiento internacional del caso.


No obstante, Ernestina Godoy reiteró que la responsabilidad de la conductora deberá determinarse ante los tribunales mexicanos y que se mantiene vigente su derecho a la presunción de inocencia.


Mientras tanto, la FGR sostiene las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos públicos, la triangulación financiera y las posibles irregularidades fiscales. El esclarecimiento de estas operaciones será determinante para establecer quiénes participaron y cuál fue el destino final del dinero que debía utilizarse en el sistema penitenciario del país.

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