En México, comprar pescado no siempre garantiza recibir lo que se paga. Un reciente análisis de la organización Oceanareveló que el 38 % de los productos pesqueros vendidos en mercados y restaurantes del país corresponden a especies distintas a las anunciadas, una cifra que casi duplica el promedio global.

El informe, basado en pruebas genéticas aplicadas a más de mil muestras recolectadas en distintas ciudades, expone una práctica extendida de sustitución de especies, donde el consumidor termina adquiriendo productos de menor valor bajo nombres de pescados más caros.

Uno de los casos más recurrentes es la venta de especies como tilapia o bagre en lugar de huachinango, lo que puede representar un sobreprecio considerable. Este fenómeno, además de engañar al consumidor, distorsiona el mercado y afecta a quienes cumplen con la normativa.

Sustitución generalizada en especies de alto consumo

El estudio identifica patrones preocupantes en diversas especies. Algunas presentan niveles de sustitución extremadamente altos, como el pez vela, el marlín o la lobina. Otras, de consumo cotidiano como el huachinango, también registran altos niveles de reemplazo.

En particular, el huachinango fue sustituido en más de la mitad de los casos analizados, llegando incluso a comercializarse hasta 16 especies distintas bajo ese nombre. Entre ellas se detectaron organismos poco conocidos que no corresponden al producto que el consumidor espera.

En el caso del marlín, se documentó su sustitución por especies de tiburón, algunas de ellas clasificadas en riesgo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que añade un componente ambiental crítico al problema.

Impacto económico, social y ambiental

Más allá del engaño comercial, la sustitución de especies tiene efectos estructurales. Por un lado, golpea directamente el bolsillo del consumidor; por otro, genera competencia desleal para pescadores que operan legalmente.

Además, la falta de claridad en la cadena de suministro implica riesgos ambientales. Los consumidores pueden estar adquiriendo especies en peligro sin saberlo, lo que contribuye indirectamente a la sobreexplotación de recursos marinos.

El problema se agrava por la ausencia de mecanismos sólidos de trazabilidad en el país. Según especialistas de Oceana, no existe un sistema que permita seguir el recorrido del producto desde su captura hasta su venta final, lo que facilita estas prácticas.

Un rezago frente a estándares internacionales

El nivel de fraude detectado en México contrasta con el promedio global estimado en 20 %, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Este rezago no solo representa un problema interno, sino que también limita el acceso a mercados internacionales que exigen controles estrictos sobre el origen y la autenticidad de los productos pesqueros.

Especialistas advierten que implementar sistemas de trazabilidad permitiría no solo combatir el fraude, sino también fortalecer la competitividad del sector pesquero mexicano a nivel global.

Un reto urgente para la política pública

El diagnóstico apunta a una falla estructural en la regulación y supervisión del mercado pesquero. Sin información clara sobre el origen de los productos, el fraude encuentra un terreno propicio para expandirse.

Frente a ello, organizaciones y expertos coinciden en la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que garanticen transparencia, protejan a los consumidores y aseguren la sostenibilidad de los recursos marinos.