La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso para fortalecer la transparencia en el sector público con la publicación de un decreto que establece la obligación de difundir mensualmente los contratos de la administración pública federal, así como los de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas filiales, siempre que cuenten con la autorización de sus respectivos consejos de administración.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida busca garantizar que la información gubernamental sea accesible para la ciudadanía y evitar que su publicación dependa del criterio de los servidores públicos. Asimismo, anunció que enviará al Congreso una iniciativa para incorporar de manera expresa esta obligación en la Ley General de Transparencia.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, señaló que el mecanismo también atiende los aspectos legales relacionados con las empresas filiales de Pemex, de modo que la información pueda hacerse pública con el respaldo de los consejos de administración y sin generar conflictos jurídicos.

El decreto, difundido en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, amplía el catálogo de información que deberá ponerse a disposición del público. Entre los documentos se incluyen estados financieros, informes sobre la situación financiera, administrativa, operativa, económica y jurídica, así como las actas en las que se aprueben la creación, fusión o escisión de empresas filiales.

También deberán difundirse las actas constitutivas, la información sobre gobierno corporativo, las políticas y lineamientos para la operación y evaluación del desempeño, los esquemas de remuneraciones y austeridad, además de los contratos celebrados tanto en México como en el extranjero.

La disposición incorpora igualmente la publicación del padrón de despachos de auditoría externa, los programas anuales de fiscalización y los informes derivados de esos procesos.

La presidenta sostuvo que el objetivo del decreto es asegurar el cumplimiento del principio constitucional de publicidad de la información gubernamental, estableciendo reglas claras sobre lo que debe hacerse público. Indicó que únicamente permanecerán bajo reserva los datos vinculados con la seguridad nacional o aquellos relacionados con procedimientos judiciales en curso, casos en los que se elaborarán versiones públicas cuando sea posible.

Por otra parte, Buenrostro informó que la Secretaría de Anticorrupción inició una investigación de oficio contra ex funcionarios del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), debido a presuntas omisiones en la atención de expedientes relacionados con la protección de datos personales que habrían quedado sin resolverse hasta su vencimiento.