El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan de auditorías y controles administrativos para enfrentar los señalamientos de presunta corrupción que han generado una crisis interna en el organismo durante la gestión de Guadalupe Taddei. Entre las principales medidas destaca una revisión integral de las compras, arrendamientos y servicios contratados durante la última década.

El acuerdo del Consejo General contempla solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio extraordinario de fiscalización sobre los contratos celebrados entre 2016 y 2026. Además, se analiza la posibilidad de contratar una auditoría externa independiente y habilitar un mecanismo electrónico para recibir denuncias anónimas.

Las acciones buscan identificar posibles irregularidades, determinar cómo se originaron y detectar fallas en los procedimientos de vigilancia institucional. También se plantea conservar la documentación relacionada con las contrataciones y elaborar un inventario de los acuerdos que serán examinados, dando prioridad a aquellos que pudieran tener repercusiones en el proceso electoral en curso.

Otro de los puntos de atención será el manejo de información sensible, particularmente el acceso al padrón electoral y a los datos reservados o confidenciales que están bajo resguardo del instituto.

Consejeros exigen esclarecer responsabilidades

Durante la discusión, integrantes del Consejo General y representantes de los partidos políticos coincidieron en que la crisis no puede darse por resuelta únicamente con la salida de Guadalupe Taddei. Consideraron necesario investigar los hechos, identificar a quienes pudieran resultar responsables y aplicar las sanciones correspondientes, incluidas las de carácter penal cuando existan elementos para ello.

El consejero electoral Arturo Castillo calificó el episodio como una de las crisis institucionales más graves en la historia del INE, al señalar que nunca antes la Presidencia del Consejo General había enfrentado una salida anticipada relacionada con un escándalo de presunta corrupción.

Por su parte, Blanca Cruz, consejera presidenta provisional, sostuvo que la autonomía del organismo electoral debe ir acompañada de transparencia y rendición de cuentas. También manifestó su disposición para colaborar con las autoridades responsables de las investigaciones.

Nuevos controles para las contrataciones del INE

La consejera Carla Humphrey planteó que uno de los objetivos centrales debe ser modificar las prácticas administrativas que pudieron abrir espacios al favoritismo y a los conflictos de interés.

Entre sus propuestas destacó fortalecer los procedimientos de licitación pública, considerar convocatorias internacionales y limitar las adjudicaciones directas a situaciones excepcionales debidamente justificadas.

También propuso establecer una comisión de administración con participación de los consejeros electorales, con el propósito de ampliar la supervisión colegiada sobre las decisiones presupuestales y de contratación del instituto.

En paralelo, los representantes partidistas insistieron en que deben investigarse los pagos realizados a un grupo reducido de proveedores presuntamente beneficiados, así como esclarecer quién autorizó esas operaciones.

INE enfrenta también retos operativos

En medio de la reorganización institucional, Blanca Cruz informó que revisará las demandas laborales de los trabajadores encargados de operar los módulos de atención ciudadana, quienes han advertido sobre la posibilidad de suspender actividades si no mejoran sus condiciones de trabajo.

Asimismo, fue cancelada una reunión prevista entre consejeros electorales y funcionarios de seguridad federal e inteligencia financiera. El encuentro tenía como propósito comenzar los trabajos de coordinación para verificar la integridad de las candidaturas que participarán en las elecciones del próximo año.

Con este plan, el INE busca recuperar la confianza pública mediante auditorías, controles internos y mayor transparencia en el ejercicio de sus recursos. Sin embargo, el desafío principal será esclarecer los señalamientos, deslindar responsabilidades y garantizar que las posibles irregularidades no vuelvan a comprometer el funcionamiento de la autoridad electoral.