El arribo del Ministerio Público (MP) a la sede alterna del Senado, ubicada en Xicoténcatl, para recabar la denuncia presentada por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, contra el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, desató una ola de críticas en redes y en distintos sectores políticos por la aparente atención “a domicilio” brindada a legisladores.

Los hechos se originaron al término de una sesión en la que se registró un enfrentamiento verbal que escaló a empujones e intercambios de insultos entre Noroña y Moreno, incidentes que quedaron registrados en video y difundidos por medios y usuarios en redes sociales. Tras el zafarrancho, Noroña informó que presentaría denuncias penales por lesiones, amenazas y daño a la propiedad; poco después personal del MP se trasladó a las oficinas del Senado para tomar las primeras declaraciones.

La decisión del MP de acudir al recinto legislativo en lugar de esperar que los denunciantes acudieran a las agencias de la Fiscalía provocó reproches de activistas, periodistas y políticos que denunciaron trato diferenciado en el acceso a la justicia. En mensajes difundidos en X, voces como la de colectivos de madres buscadoras y comunicadores calificaron la intervención como “justicia a domicilio” y recordaron las dificultades que enfrentan ciudadanos comunes para presentar denuncias en agencias ministeriales.

Fuentes y videos de la sesión muestran que, además del intercambio directo entre Noroña y Moreno, intervenciones físicas de otros legisladores complicaron la escena: empujones, jalones de ropa y agresiones a colaboradores, según las versiones difundidas por distintos medios. El asesor de Noroña, Emiliano González, resultó con lesiones que el equipo del senador atribuyó a la agresión, y Noroña anunció que solicitará el desafuero de quienes considere responsables, con la intención de que la Fiscalía General de la República (FGR) determine los pasos legales a seguir.

En su defensa, el líder nacional del PRI negó ser el agresor y afirmó que la confrontación fue provocada por Noroña, enmarcando el suceso como parte de una táctica política en su contra. El choque entre versiones contribuye a la polarización mediática y política en torno al episodio, y augura una investigación en la que la FGR y las áreas de responsabilidad del Senado tendrán un papel clave para definir responsabilidades.

La reacción ciudadana en redes subrayó una queja recurrente: la percepción de que figuras públicas o con privilegios reciben un acceso expedito a la procuración de justicia, mientras que la población general debe desplazarse, esperar y, en muchos casos, enfrentar barreras administrativas para que sus denuncias sean recibidas y atendidas. Esa sensación de desigualdad alimentó los hashtags y publicaciones de protesta en las horas siguientes al incidente.