En un operativo de inteligencia desarrollado de forma reciente en Tabasco fue capturado Elder “N”, conocido también como “La Hormiga” o “La Hormiga Atómica”, señalado como uno de los presuntos responsables del robo de hidrocarburo en alta mar. La aprehensión, que según reportes se realizó en la ranchería Anacleto Canabal (tercera sección) del municipio de Centro, habría sido ejecutada por el grupo identificado como Los Tiburones en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina.

Fuentes informan que al detenido, de 43 años, se le aseguraron dosis de sustancias con características de droga y un arma larga de alto calibre durante la intervención. Las autoridades acusan que operaba desde el municipio de Paraíso, empleando lanchas pesqueras para sustraer diésel de embarcaciones transportadoras y luego distribuir ese combustible a bajo costo en comunidades de la región de la Chontalpa.

Según los reportes periodísticos, la célula encabezada por “La Hormiga” habría recibido protección de grupos delictivos locales y federales —entre los que se menciona a La Barredora y, en etapas posteriores, presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—; las investigaciones abiertas podrían incluso alcanzar a elementos de corporaciones de seguridad locales en Paraíso. Estas hipótesis forman parte de las indagatorias en curso.

El modus operandi atribuido a esta red —operar en altamar, emplear embarcaciones pesqueras para el “ordeño” de tanques y comercializar combustible de procedencia ilícita en circuitos regionales— encaja con las denuncias sobre huachicoleo marítimo que han afectado puertos y comunidades costeras en años recientes. Las autoridades señalaron que la detención podrá aportar información sobre rutas de distribución, posibles cómplices y la cadena de suministro del combustible robado.

La detención de Elder “N” representa, según analistas locales consultados en coberturas informativas, un golpe operativo a una célula con impacto en el suministro ilícito de diésel en la zona; sin embargo, los especialistas subrayan que desmantelar completamente estas redes exige seguimientos judiciales, inteligencia financiera y acciones sostenidas para evitar que otros grupos ocupen el espacio delictivo.