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Ordenan liberación de Israel Vallarta tras 20 años sin sentencia: el fin de un proceso marcado por tortura y omisiones

Un juez federal ordena la puesta en libertad del presunto secuestrador por falta de condena, mientras el Gobierno reconoce fallas en el debido proceso y atención a víctimas de tortura.

México

1 de agosto de 2025

Redacción

Tras dos décadas recluido en el penal de El Altiplano sin que se dictara una sentencia condenatoria, un juez penal de distrito en el Estado de México autorizó la liberación de Israel Vallarta en la madrugada del 1 de agosto de 2025. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que nunca se obtuvo una resolución judicial definitiva contra Vallarta, detenido en 2005 acusado de integrar la banda de “Los Zodiacos” en casos de secuestro.


La liberación de Vallarta se produce en un contexto de señalamientos de tortura física y psicológica durante su aprehensión y primeros meses de reclusión. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas solicitó en junio de 2022 al Estado mexicano brindar atención médico–psicológica inmediata al detenido y a su familia, tras documentar malos tratos que vulneraron sus derechos humanos.


La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el montaje mediático que acompañó la detención, señalando que la transmisión televisiva del operativo —conducida por el periodista Carlos Loret de Mola— irregularmente se convirtió en parte del expediente. Asimismo, vinculó la actuación de la Agencia Federal de Investigación con prácticas de Genaro García Luna, actual recluido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.


Durante estos años, el proceso acumuló múltiples recursos: diez apelaciones, seis amparos y diversas quejas ante instancias judiciales y de derechos humanos. Aunque su compañera de caso, la ciudadana francesa Florence Cassez, obtuvo su libertad tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones al debido proceso, Vallarta permaneció encarcelado hasta que las autoridades admitieron la ausencia de una condena firme.


Para garantizar que situaciones similares no se repitan, la Secretaría de Gobernación refuerza la vigilancia en los procedimientos de detención y los protocolos de la Fiscalía General de la República. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno Federal ofrecen respaldo a las víctimas de tortura para su rehabilitación y posible reparación del daño.

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