La figura de las asociaciones vecinales, concebida como un instrumento para organizar y mejorar la convivencia dentro de fraccionamientos residenciales, ha comenzado a generar inquietud en diversas zonas del Estado de México, donde su funcionamiento se mantiene al margen de un marco legal riguroso. El caso de Lomas Verdes es ilustrativo: lo que debería ser un ejercicio democrático de participación ciudadana se ha convertido, según vecinos, en espacios opacos, centralizados y resistentes a cualquier forma de rendición de cuentas.

En ausencia de normas claras que definan sus atribuciones, límites y mecanismos de control, muchas de estas asociaciones operan con una autonomía que, en la práctica, las coloca por encima de la voluntad colectiva. Esto ha dado paso a liderazgos que se perpetúan en el cargo, decisiones tomadas sin consulta, y el uso discrecional de recursos económicos aportados por los propios vecinos. En este contexto, los testimonios de distintas comunidades revelan patrones preocupantes que apuntan a la necesidad urgente de una regulación estatal que ponga orden y proteja el interés común.

En la Primera Sección de Lomas Verdes, residentes han levantado la voz ante decisiones que, consideran, se han tomado sin consulta ni transparencia. Un tema particularmente polémico es el presunto aval de la asociación vecinal para permitir el acceso de nuevos fraccionamientos a través de su caseta, pese a que estas construcciones no cuentan con una vialidad propia. Los vecinos advierten que esta medida impactará negativamente en la seguridad y saturación vehicular de la zona. Lo más preocupante, según expresan, es que esta decisión se habría tomado sin convocar a la comunidad ni someterla a votación.

Además del malestar por esta decisión, los propios vecinos aseguran que, a pesar de las constantes solicitudes para que los actuales dirigentes de la asociación renuncien, estos se han negado a dejar sus cargos. “Están aferrados al poder y actúan como si fueran dueños del fraccionamiento”, comenta un residente. La ausencia de mecanismos legales que obliguen a estas asociaciones a rendir cuentas o respetar procesos democráticos deja a los vecinos sin herramientas efectivas para corregir el rumbo.

Por su parte, la situación en la Sexta Sección también ha desatado una creciente ola de inconformidad. Los residentes señalan prácticas reiteradas de opacidad y falta de control sobre el uso de los recursos comunitarios. Uno de los temas más sensibles tiene que ver con el manejo de proveedores y gastos que los vecinos consideran desproporcionados. Un caso que ha generado especial molestia es el del abogado contratado por la asociación, a quien los vecinos identifican como Miramontes.

“Calculamos que ya ha cobrado casi 9 millones de pesos, y la asociación sigue protegiéndolo”, denuncia un residente. Otro añade: “Miramontes es el nombre de este abogado, y no sabemos con certeza qué está haciendo o por qué sigue ahí”. Los vecinos aseguran que, incluso después de votar en asambleas para suspender el pago de sus servicios, la directiva ha insistido en mantenerlo bajo contrato. Este tipo de acciones, consideran, reflejan una posible red de intereses personales, económicos o políticos al interior de la asociación, que opera sin contrapesos ni fiscalización.

Algunos testimonios también mencionan que quienes han exigido claridad o se han opuesto públicamente a este tipo de decisiones han sido objeto de presiones, advertencias o amenazas veladas por parte de la misma asociación. Estos hechos refuerzan la percepción de que el modelo actual no sólo es disfuncional, sino que además puede facilitar dinámicas autoritarias y arbitrarias.

Lo que ocurre en distintas comunidades del Estado de México no es un simple desacuerdo vecinal, sino el reflejo de una estructura comunitaria que opera sin frenos institucionales ni contrapesos ciudadanos. Las asociaciones vecinales, al carecer de reglas claras y mecanismos de supervisión, terminan convirtiéndose —según relatan los propios vecinos— en enclaves cerrados, donde unos pocos toman decisiones con impactos que afectan a toda la comunidad.

Más allá del desencanto que expresan los residentes, lo preocupante es el precedente: sin lineamientos legales que obliguen a la transparencia, a la rotación de liderazgos o al ejercicio democrático, estas organizaciones pueden consolidarse como pequeños cotos de poder que funcionan de manera discrecional, protegiendo intereses personales bajo el argumento del bien común.

En tanto no se atienda esta zona gris legal, lo que debería ser una herramienta de participación ciudadana seguirá alimentando tensiones internas, desconfianza colectiva y, en algunos casos, prácticas que erosionan el tejido social de las colonias.