Un presupuesto de diez billones que ya llega comprometido

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 asciende a 10.194 billones de pesos.

Parece una cantidad enorme. Lo es.

Pero antes de que el gobierno decida construir una carretera, ampliar un hospital, mejorar una escuela, llevar agua a una ciudad o invertir en infraestructura eléctrica, una parte considerable de ese dinero ya tiene destino.

El propio Presupuesto de Egresos identifica 8.406 billones de pesos como previsiones para gastos obligatorios incluyendo pensiones y jubilaciones. Equivale aproximadamente al 82.5% del gasto total aprobado. Es una clasificación presupuestaria y no significa que literalmente 82.5% sea jurídicamente imposible de modificar, pero sí permite dimensionar qué tan reducido es el margen con el que llega cada año el gobierno para decidir nuevas prioridades.

Éste es el problema financiero que México necesita discutir.

No cuánto costó una obra aislada.

No si un programa pertenece a la izquierda o a la derecha.

Sino cuánto del ingreso del Estado está comprometido para pagar decisiones pasadas y obligaciones presentes, y cuánto queda para construir la capacidad que necesitaremos mañana.

La fotografía fiscal de 2026

No deben sumarse las cifras de esta tabla entre sí: algunas forman parte de otras. Su propósito es mostrar la dimensión de las principales presiones sobre las finanzas públicas.

Pensiones: una obligación que vuelve cada año

Uno de los mayores compromisos es también uno de los más difíciles de modificar.

Para 2026, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas ronda los 2.324 billones de pesos, cerca de 6% del PIB. En 2018 representaba alrededor de 3.4%.

Aquí es indispensable distinguir.

Las pensiones de IMSS, ISSSTE y otros sistemas son, en gran medida, obligaciones laborales acumuladas durante décadas. Andrés Manuel López Obrador no creó ese problema y Claudia Sheinbaum tampoco.

Pero a esas obligaciones se agregaron y ampliaron pensiones no contributivas financiadas directamente por el presupuesto.

Para 2026, estas transferencias representan aproximadamente 620 mil millones de pesos. Sólo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla alrededor de 526.5 mil millones y más de 14 millones de beneficiarios.

No sería correcto calificarlas simplemente como dinero desperdiciado.

Tienen un retorno social: reducen vulnerabilidad económica, aumentan el ingreso disponible de millones de hogares y pueden tener efectos sobre consumo y pobreza.

Pero financieramente tienen una característica muy distinta de una inversión física:

el dinero debe volver a salir el siguiente año.

Una carretera, una línea eléctrica o un hospital requieren mantenimiento, pero después de la inversión inicial queda un activo.

Una transferencia social satisface una necesidad presente. El próximo año debe financiarse nuevamente.

A eso se agrega la demografía. Conforme aumenta la población adulta mayor, aumenta también el número potencial de beneficiarios.

El problema, entonces, no es discutir si los adultos mayores deben tener protección social.

La pregunta es:

¿qué fuente permanente de ingresos crecerá al ritmo necesario para financiar una obligación permanente y creciente?

La deuda empieza a competir con todo lo demás

El segundo gran componente es la deuda.

Al cierre de 2018, los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida amplia de deuda utilizada por Hacienda— representaban aproximadamente 44.8% del PIB. Al terminar 2025 habían llegado a 52.7%. Para 2026, Hacienda estima alrededor de 54.2% del PIB.

México no se encuentra hoy ante una crisis de insolvencia.

El gobierno conserva acceso a los mercados financieros y para 2026 Hacienda incluso proyecta un pequeño superávit primario. El problema es otro: la deuda cuesta cada vez más.

Para 2026, el costo financiero se aproxima a 1.6 billones de pesos, alrededor de 4.1% del PIB. Es dinero destinado principalmente a intereses, comisiones y otros costos financieros derivados de obligaciones previamente adquiridas.

La coincidencia resulta reveladora: Hacienda estima también Requerimientos Financieros del Sector Público cercanos a 4.1% del PIB para 2026. Eso no significa que cada nuevo peso de deuda se utilice literalmente para pagar intereses, pero sí muestra una economía en la que el costo de cargar la deuda existente ya tiene una dimensión semejante al nuevo desequilibrio financiero anual.

La dinámica es sencilla.

Cuando aumenta la deuda, aumenta su costo financiero.

Cuando aumenta el costo financiero, queda menos presupuesto para otras necesidades.

Si para cubrir esas necesidades vuelve a utilizarse deuda, la presión se traslada hacia adelante.

La sostenibilidad depende entonces de algo fundamental:

que los ingresos públicos y la economía crezcan suficientemente rápido.

Pemex: reducir la deuda trasladando parte de la cuenta al Estado

Pemex representa un caso especialmente importante porque combina una empresa productiva, una enorme deuda histórica y una decisión explícita del Gobierno Federal de apoyarla financieramente.

La deuda no nació con Morena.

Pero entre 2019 y 2024 el Gobierno Federal destinó 544.6 mil millones de pesos en aportaciones patrimoniales específicamente destinadas a amortizaciones de deuda de Pemex, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

El resultado existe.

Al cierre de 2025, Pemex reportó una deuda financiera de aproximadamente 85.2 mil millones de dólares, sustancialmente inferior a la que tenía al inicio del gobierno de López Obrador.

Pero reducir deuda mediante aportaciones del gobierno no demuestra por sí mismo que la empresa sea financieramente autosuficiente.

Durante 2025 Pemex recibió otros 395.3 mil millones de pesos en aportaciones de capital del Gobierno Federal. Es importante no atribuir esa cifra completa exclusivamente al pago de deuda, porque también financió otros proyectos; Pemex reconoce, sin embargo, que esas aportaciones constituyeron una fuente importante para atender sus necesidades financieras y obligaciones.

Para 2026 se incorporaron además 263.5 mil millones de pesos de aportación gubernamental específicamente para amortización de deuda.

Pemex muestra al mismo tiempo señales operativas favorables. En el segundo trimestre de 2026 reportó mayores ventas, utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos, utilidad neta y reducción de deuda.

Ése es precisamente el punto que habrá que observar hacia adelante.

Pemex puede ser operativamente rentable y, al mismo tiempo, no ser todavía financieramente autosuficiente.

El propio programa financiero de la empresa para 2026 plantea cubrir sus necesidades considerando el apoyo del Gobierno Federal para las amortizaciones.

Por eso el verdadero examen no consiste en preguntar si el gobierno logró bajar la deuda.

La pregunta es:

¿llegará el momento en que Pemex pueda operar, invertir, pagar intereses y enfrentar sus vencimientos sin recurrir sistemáticamente al presupuesto federal?

Si la respuesta termina siendo sí, las aportaciones actuales podrán interpretarse como un proceso de saneamiento.

Si la respuesta es no, se habrán convertido en una obligación fiscal recurrente.

Las grandes obras: no todo gasto es igual

Aquí regresamos al punto desde el que comenzó esta investigación.

Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, Deer Park, el Corredor Interoceánico, Mexicana, el Banco del Bienestar y las nuevas líneas ferroviarias no pueden colocarse simplemente en una columna denominada “dinero perdido”.

La mayor parte son activos.

El problema financiero es cuánto capital requirieron, cuánto se desviaron de los presupuestos originales, cuánto necesitarán para operar y mantenerlos, y qué retorno económico o social producirán.

López Obrador informó en su sexto Informe de Gobierno que la inversión total del Tren Maya alcanzó 515 mil millones de pesos de presupuesto público.

Pemex reportó para la refinería Olmeca-Dos Bocas una inversión de 16,816 millones de dólares entre construcción y arranque, muy por encima de los alrededor de 8 mil millones de dólares con los que originalmente se presentó el proyecto.

El AIFA reporta aproximadamente 74.5 mil millones de pesos de costo de construcción. Es un aeropuerto funcionando y, por tanto, un activo que debe evaluarse por su utilización, flujos y capacidad futura, no como si todo el monto hubiese desaparecido.

La compra de Deer Park es todavía más evidente: Pemex adquirió un activo que ya operaba. La operación involucró unos 596 millones de dólares por la participación de Shell y una cantidad semejante asociada con deuda de la refinería. El análisis correcto es su retorno sobre el capital invertido, no simplemente sumar el precio como “pérdida”.

La cancelación del NAICM pertenece a otra categoría. La revisión de la ASF ubicó en alrededor de 113.3 mil millones de pesos, al cierre de 2019, el costo integrado asociado al financiamiento, construcción y terminación anticipada considerado en su cálculo revisado. Aquí sí existe una diferencia fundamental: una parte importante de la inversión realizada no terminó convirtiéndose en el activo para el que había sido destinada.

La discusión financiera, por tanto, no debe ser “obra buena” contra “obra mala”.

Debe ser:

¿cuánto capital absorbió cada decisión, qué valor dejó, qué flujo genera y qué otras inversiones dejamos de hacer al elegirla?

Ese último elemento es el costo de oportunidad.

Y no aparece en una placa de inauguración.

Sheinbaum no sólo heredó compromisos. Está creando nuevos

Claudia Sheinbaum recibió buena parte de esta estructura financiera.

Recibió la deuda pública existente, el problema pensionario, Pemex, las obras en operación y los programas sociales convertidos ya en obligaciones políticas y, en algunos casos, constitucionales.

Pero heredarlos no elimina la responsabilidad sobre las decisiones siguientes.

Su administración ha decidido continuar el apoyo financiero a Pemex, mantener y ampliar programas sociales e iniciar un nuevo ciclo de infraestructura ferroviaria.

La SICT calcula 586.8 mil millones de pesos de recursos federales para proyectos ferroviarios entre 2025 y 2030. La propia Presidenta ha hablado de una inversión cercana a 750 mil millones de pesos considerando el conjunto de proyectos, entre nuevos trenes de pasajeros, Tren Maya de carga y ampliaciones relacionadas con el Interoceánico. Las cifras no deben sumarse porque sus alcances se traslapan, pero sí muestran la magnitud del nuevo compromiso.

Es importante porque el problema fiscal no termina cuando cambia un presidente.

Cada administración recibe un determinado espacio financiero y decide cuánto utiliza, cuánto reserva y cuánto compromete para quien sigue.

Ésa es una manera mucho más útil de medir responsabilidad pública que simplemente preguntar quién originó cada deuda.

El dinero que ya estaba ahí

También existe otra forma de reducir el margen financiero futuro: utilizar reservas acumuladas previamente.

La desaparición de fideicomisos durante el gobierno de López Obrador suele presentarse como un “gasto” adicional.

No lo fue.

Los decretos de extinción ordenaron concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos públicos remanentes de diversos fideicomisos. Entre los destinos señalados estaban salud, vacunas contra COVID-19, estabilización del balance fiscal y cumplimiento de obligaciones.

Financieramente lo relevante es otra cosa.

Mientras esos recursos permanecían en fondos específicos constituían reservas separadas para determinados propósitos. Una vez reintegrados a TESOFE entraron a la caja federal y dejaron de constituir la misma reserva plurianual.

Algo semejante debe observarse con los fondos de estabilización.

El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tenía aproximadamente 279.8 mil millones de pesos al cierre de 2018. Parte importante se utilizó posteriormente para compensar caídas de ingresos, particularmente durante los años de desaceleración y pandemia, exactamente uno de los propósitos para los que existía. Al cierre de 2025 el FEIP había recuperado recursos, pero su saldo rondaba 127 mil millones de pesos.

Utilizar una reserva durante una emergencia no es irresponsable.

Pero una reserva sólo puede utilizarse una vez.

La pregunta financiera vuelve a ser la misma:

¿con qué colchones enfrentaremos el siguiente choque?

Lo que empieza a competir por el dinero

En 2026 México contempla alrededor de 1.25 billones de pesos de inversión pública, equivalente a aproximadamente 3.2% del PIB.

No es una cantidad pequeña.

Sin embargo, las proyecciones de mediano plazo muestran una presión importante. El CIEP calcula que la inversión pública promedió alrededor de 3.8% del PIB entre 2019 y 2024, mientras que las previsiones para 2025-2030 la sitúan en alrededor de 2.8%, con una posible reducción hacia 2.6% al final del periodo.

Al mismo tiempo, el gasto público en salud para 2026 ronda 996.5 mil millones de pesos, alrededor de 2.6% del PIB, mientras educación se acerca a 1.2 billones.

No sería correcto afirmar que cada peso adicional destinado a pensiones “se quitó” directamente de un hospital o una escuela.

El presupuesto no funciona de esa manera.

Pero todos esos usos compiten por la misma capacidad recaudatoria.

Pensiones.

Intereses.

Pemex.

Programas sociales.

Seguridad.

Salud.

Educación.

Agua.

Energía.

Carreteras.

Ferrocarriles.

Mantenimiento.

Cada peso sólo puede utilizarse una vez.

Por eso el problema no es que México gaste.

El problema es cuánto de ese gasto construye capacidad para financiar el gasto de mañana.

No todo empezó en 2018

Sería intelectualmente incorrecto atribuir toda esta presión fiscal a los gobiernos de Morena.

México llegó a 2018 con un sistema pensionario costoso, una enorme deuda de Pemex, compromisos laborales, deuda pública y una estructura tributaria que recauda relativamente poco frente a las necesidades del Estado.

Pero también sería incorrecto sostener que las decisiones tomadas desde entonces son irrelevantes porque algunos problemas fueron heredados.

López Obrador eligió ampliar transferencias permanentes, convertir algunas de ellas en derechos constitucionales, realizar grandes proyectos de inversión, cancelar el NAICM, destinar recursos extraordinarios a Pemex y utilizar parte de los colchones fiscales acumulados anteriormente.

Sheinbaum ha elegido mantener buena parte de esa estructura, continuar el rescate financiero de Pemex y añadir nuevos compromisos, entre ellos un programa ferroviario de enorme escala.

No es necesario convertir esas decisiones en una acusación política para analizarlas.

Los gobiernos existen precisamente para decidir prioridades.

La responsabilidad financiera consiste en demostrar que esas prioridades son sostenibles.

La pregunta correcta sería:

¿qué espacio fiscal recibió cada administración y qué espacio fiscal entregará a la siguiente?

Entonces aparece una variable que México no controla

Hasta aquí, casi todos los factores analizados son internos.

Pensiones, deuda, Pemex, inversión y programas públicos pueden, al menos teóricamente, modificarse mediante decisiones nacionales.

Pero existe una condición externa que puede alterar todo el escenario:

la relación comercial con Estados Unidos.

En junio de 2026, aproximadamente 84.1% de todas las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos; en las exportaciones no petroleras la proporción superó 85%.

México necesita crecimiento para sostener sus compromisos futuros.

Necesita empresas que inviertan.

Empleo formal.

Exportaciones.

Utilidades.

Consumo.

ISR.

IVA.

Cuotas.

Sin crecimiento, el problema fiscal se vuelve mucho más difícil.

Y justamente en 2026 el T-MEC entró en una etapa de incertidumbre.

El 1 de julio, Estados Unidos decidió no extender todavía el tratado por un nuevo periodo de 16 años. Eso no significa que el T-MEC haya desaparecido: continúa vigente mientras sigue su mecanismo de revisión y negociación. En julio México y Estados Unidos concluyeron una tercera ronda bilateral y acordaron continuar las conversaciones, con temas que incluyen automóviles, acero, aluminio, agricultura, reglas comerciales y seguridad económica.

Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene medidas arancelarias aplicables incluso a determinados productos procedentes de sus socios comerciales. Desde junio de 2026, algunas importaciones mexicanas de acero, aluminio y cobre que califican bajo el T-MEC están sujetas a nuevas condiciones arancelarias relacionadas con su contenido no estadounidense.

El efecto potencial sobre las finanzas públicas mexicanas no ocurre porque Hacienda pague directamente esos aranceles.

Ocurre por otra vía.

Menor inversión puede significar menos empleo y recaudación.

Menores exportaciones pueden reducir actividad industrial.

Mayor incertidumbre puede posponer nuevas plantas.

Un crecimiento menor hace más pesada una misma deuda medida como porcentaje del PIB.

Y tasas elevadas durante más tiempo pueden aumentar todavía más el costo financiero.

El Fondo Monetario Internacional redujo en julio su expectativa de crecimiento de México a 1.2% para 2026 y 1.9% para 2027, mencionando entre los factores una revisión del T-MEC más prolongada de lo esperado.

Eso no significa que México vaya hacia una recesión inevitable. Los datos del segundo trimestre de 2026 incluso mostraron crecimiento respecto del trimestre anterior y frente al mismo periodo del año pasado.

Significa algo distinto:

la economía necesita crecer más precisamente cuando enfrenta más incertidumbre para hacerlo.

La pregunta ya no es cuánto costó el Tren Maya

Ésa fue la pregunta con la que comenzó esta investigación.

Pero es demasiado pequeña.

La verdadera pregunta es si México está construyendo una estructura financiera capaz de sostener, simultáneamente, pensiones crecientes, programas sociales permanentes, servicio de la deuda, apoyo a Pemex, infraestructura, salud, educación, seguridad y nuevas inversiones.

No estamos afirmando que México esté quebrado.

Tampoco que las pensiones deban desaparecer.

No que toda obra pública sea un desperdicio.

Ni que apoyar a Pemex sea necesariamente un error.

La advertencia es más sencilla.

Cada obligación permanente reduce la capacidad de decidir el presupuesto siguiente.

Si esas obligaciones crecen más rápido que la economía y los ingresos públicos, el margen se estrecha.

Y cuando el margen termina por ser insuficiente, las alternativas son pocas: el país necesita crecer más, recaudar más, gastar menos en alguna parte o endeudarse más.

Durante algún tiempo se pueden utilizar varias de esas opciones simultáneamente.

Pero ninguna elimina la aritmética.

México necesita discutir no solamente qué queremos recibir del Estado, sino cómo vamos a financiarlo de manera permanente y qué inversión necesitamos realizar hoy para que la economía de mañana pueda pagarlo.

Ésa debería ser la discusión.

No si una pensión es de izquierda.

No si un tren pertenece a un presidente.

No si una refinería es un símbolo político.

Sino algo mucho más elemental:

¿Los ingresos que México será capaz de generar mañana alcanzarán para pagar las obligaciones que estamos creando hoy?

Porque al final, independientemente del partido que gobierne, hay una realidad que no cambia:

El presupuesto no tiene ideología. Tiene límites.

Corte de información: 24 de agosto de 2026.