El alza arancelaria aprobada por el Congreso mexicano, que aplicará tarifas de entre 5% y 50% a más de 1,400 partidas sin tratado comercial, ha generado un reclamo oficial desde Pekín y despertado la atención de otros socios asiáticos. El Ministerio de Comercio de China pidió a México revertir lo que calificó como una subida unilateral y proteccionista de gravámenes, señalando que esta clase de medidas perjudica el comercio internacional y los intereses de las economías involucradas.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la reforma no tiene como blanco a China en particular, sino a aquellos países con los que México no mantiene acuerdos comerciales. El Ejecutivo ha defendido la iniciativa como parte del llamado Plan México, cuyo objetivo es reconfigurar cadenas productivas y dar mayor impulso a la industria nacional sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, según han comunicado funcionarios.

El paquete aprobado, que entrará en vigor en 2026, alcanza productos tan variados como automóviles, autopartes, aceros, plásticos, textiles y cosméticos. Por su volumen, las mercancías sujetas a las nuevas cuotas representan aproximadamente 52,000 millones de dólares en importaciones —cerca del 8.6% del total—, con China concentrando más del 70% de ese universo. Le siguen, a distancia, Corea del Sur (alrededor del 8.2%), India y Tailandia.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció la molestia de los gobiernos asiáticos y subrayó la disposición de México a mantener canales de diálogo con sus contrapartes. Ebrard ha enfatizado que las medidas obedecen a criterios económicos y comerciales, no a motivaciones políticas, y que el Gobierno continuará conversando con los países afectados para mitigar impactos y aclarar alcances.

Expertos y analistas han advertido, sin embargo, que la política arancelaria también puede leerse como una señal de afinidad con la orientación comercial de Estados Unidos y un movimiento hacia una mayor integración regional dentro de Norteamérica, en un contexto que anticipa la revisión del TMEC en 2026. La recomposición de cadenas de valor en México —según distintas lecturas— podría favorecer a proveedores locales y a socios del tratado, aunque con riesgos de represalias o ajuste en precios y suministro de insumos.

China anunció además que evaluará las repercusiones y podría iniciar investigaciones o respuestas comerciales; Corea del Sur también informó que hará un análisis sobre las medidas mexicanas y sus posibles reacciones. Mientras tanto, autoridades mexicanas sostienen que la reforma busca proteger industrias clave y reducir la dependencia de importaciones que compiten con producción nacional, al tiempo que aseguran que se mantendrán abiertas las mesas de diálogo bilaterales y multilaterales.

En síntesis, la decisión del Legislativo mexicano abre un nuevo capítulo en las relaciones comerciales con Asia: plantea un balance entre prioridades de política industrial interna y la necesidad de gestionar la reacción de grandes socios comerciales cuyos envíos a México representan decenas de miles de millones de dólares al año.