En vísperas de la discusión del dictamen de la nueva Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, el gobierno federal salió al paso de los señalamientos de la oposición y de grupos de interés que acusan que se eliminarán los títulos de concesión y sólo se otorgarán permisos temporales.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó que estas versiones son falsas y que el sistema de concesiones se mantiene, con la posibilidad de heredar o vender títulos como hasta ahora, pero bajo reglas más claras, sin corrupción y con mayor supervisión.

No es contra el pequeño productor, sino contra el negocio del agua

Morales López explicó que la ley incorpora un capítulo robusto de sanciones que no está dirigido al pequeño agricultor, sino a quienes han convertido el agua en un negocio lucrativo mediante el acaparamiento de títulos y su reventa en un auténtico mercado negro del agua.

La iniciativa contempla multas elevadas y también penas de prisión de hasta cinco años tanto para quien ofrece dinero como para quien lo recibe, en operaciones ilegales vinculadas a concesiones. Según el titular de Conagua, el rechazo al proyecto proviene de quienes han aprovechado durante décadas vacíos legales y arreglos políticos para concentrar el recurso en pocas manos.

De administrar la crisis a ordenar el uso del agua

El funcionario federal subrayó que el objetivo central de la nueva ley no es castigar a productores, sino cambiar la forma en que se distribuye el agua en el país, dejando atrás un modelo basado en sobreexplotación de acuíferos y en un exceso de concesiones gratuitas a quienes luego revendían el líquido sin regulación.

“No se busca quitarle nada a nadie”, planteó en esencia, sino ordenar de aquí en adelante el uso del recurso. De los 536 mil títulos de concesión vigentes, Conagua ha detectado más de 50 mil con irregularidades: están registrados como agrícolas, pero en realidad abastecen balnearios, campos de golf, parques industriales o negocios que venden agua en pipas.

Con la aprobación de la ley, afirmó, se podrá liberar a empresas, productores y comunidades del “intermediario” que lucra con el acceso al agua, y recuperar volúmenes hoy concentrados en unos cuantos.

Contra la corrupción y el acaparamiento

En esta administración, Conagua ha recuperado 4 mil 500 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 4 billones 50 mil millones de litros. Para Morales López, este esfuerzo será reforzado por la nueva legislación, que consolida un combate frontal al robo de agua y al acaparamiento.

La ley garantiza prioridad para el consumo humano, mantiene el esquema de concesiones, pero lo sujeta a mayor transparencia y trazabilidad. Los títulos estarán integrados en una plataforma con registro detallado, lo que permitirá saber quién tiene qué, cuánto y para qué se usa, cerrando espacios a la corrupción y a la compraventa opaca de derechos.

Detrás de cada gota, recordó, hay intereses económicos poderosos que han acumulado una gran cantidad de concesiones porque tenían recursos para adquirirlas o influencias políticas para obtenerlas, mientras pequeños y medianos productores carecían de agua suficiente para el riego.

Poner fin al mercado negro del agua

En muchos casos, dijo, se otorgaron concesiones de manera gratuita bajo el argumento de uso agrícola, aunque en los hechos no se sembraba nada y el agua terminaba en negocios recreativos o industriales, o vendiéndose sin reglas claras.

Hay comunidades que viven a un costado de un río y no pueden utilizarlo porque el caudal está concesionado a un privado. Con la nueva ley, se busca romper ese esquema de privilegios, recuperar volumen para el desarrollo del país y evitar que la sobreexplotación y el mercado negro sigan marcando el acceso al recurso.

En palabras de Morales López, la Ley General de Aguas representa un paso de justicia hídrica para el pueblo de México, porque no sólo se trata de que el agua salga del grifo, sino de garantizar que haya suficiente líquido para el futuro, con reglas claras, sin abuso y sin corrupción.