La empresa responsable de la pipa que estalló el miércoles en la Ciudad de México, Transportadora Silza S.A. de C.V., forma parte del grupo Tomza, fundado por la familia Zaragoza Fuentes. Silza —creada en Tijuana en 1993 y cuyo nombre remite a la esposa de su propietario— opera en el mercado del gas licuado de petróleo (gas LP) y, según registros, mantiene presencia en numerosas entidades federativas con una amplia red de plantas y terminales.

De acuerdo con antecedentes documentados en medios y expedientes administrativos, los vínculos entre Silza y el emporio familiar encabezado por Tomás y Miguel Zaragoza Fuentes incluyen una historia de escisiones empresariales, disputas internas y una concentración de permisos y activos en el sector energético fronterizo. En la última parte del siglo XX, empresas del grupo llegaron a controlar decenas de permisos de almacenamiento y transporte de gas LP en la frontera, lo que motivó denuncias por prácticas monopólicas.

Registros de prensa y sanciones oficiales citadas en expedientes apuntan a un patrón de multas y episodios accidentales que abarcan distintos estados del país. Entre los hechos más resaltados en la cronología pública están:

• El choque frontal de una pipa de Tomza el 12 de agosto en Mocorito, Sinaloa, que dejó una persona muerta y tres heridas.

• Una explosión registrada el 24 de julio en Ciudad Juárez atribuida a una unidad vinculada al mismo grupo familiar.

• Un estallido ocurrido el 15 de octubre en Amozoc, Puebla, que derivó en una sanción de 52 millones de pesos, según la información consignada en reportes.

  
  

Además de los incidentes, autoridades regulatorias han intervenido en distintas ocasiones. En 2004 la llamada Comisión Nacional de Competencia investigó a empresas del grupo por presuntas políticas comerciales coordinadas en la Zona Metropolitana del Valle de México; años después, en 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó al conglomerado Tomza y a otras empresas por prácticas monopólicas que, según la resolución, se extendieron durante una década y requirieron el pago de 2,414 millones de pesos.

En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió a varias filiales de la familia del padrón de importadores y otros registros, en el contexto de denuncias sobre distorsión del mercado y acuerdos para fijar precios en Baja California. En esta entidad, las distintas empresas del grupo llegaron a controlar más del 60% del mercado de gas LP, conforme a las fuentes que han cubierto el tema.

El relato público incluye además intentos fallidos de competencia local: la empresa Blue Propane, de Sonora, denunció durante años dificultades para insertarse en el mercado de Baja California y finalmente desistió en 2024, atribuyendo su salida a barreras administrativas y a la concentración de permisos que benefician a las filiales de los Zaragoza.

Sobre la estructura operativa, los registros empresariales y la información disponible en portales corporativos señalan que en el directorio de Silza aparece Tomás Zaragoza Ito como propietario; la compañía reporta un centenar de plantas, varias terminales terrestres para importación y terminales marítimas, y presencia en múltiples estados y en mercados internacionales de América Latina.

La acumulación de accidentes, sanciones económicas y pesquisas por prácticas anticompetitivas coloca a Silza y al grupo Tomza en el centro del debate público tras la explosión en la Ciudad de México. Fuentes oficiales, registros judiciales y notas de prensa han documentado estos episodios; ahora, con la investigación por el incidente en Iztapalapa en curso, autoridades y la opinión pública centran la atención en esclarecer responsabilidades operativas, administrativas y, en su caso, penales.

Mientras tanto, la serie de antecedentes y las medidas que les fueron impuestas a empresas del grupo —multas, investigaciones y suspensiones administrativas— subrayan la necesidad de que las indagatorias sobre la pipa que explotó avancen con transparencia y que las instancias competentes determinen si hubo fallas en el cumplimiento de normas de transporte, carga y seguridad.