Un contingente de manifestantes que participó en los actos conmemorativos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa atacó ayer una de las puertas principales del Campo Militar 1-A, ubicado en avenida Conscripto, en la frontera entre Naucalpan y la Ciudad de México. Según testigos, un camión de mercancías fue embestido contra la reja de acceso —quedando incrustado en la puerta 1— y posteriormente incendiado; los participantes, algunos con el rostro cubierto, también arrojaron petardos contra las instalaciones.

El incidente ocurrió alrededor de la una de la tarde, al concluir el mitin encabezado por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Integrantes de normales rurales de Ayotzinapa, Teteles y otras entidades arribaron en más de veinte autobuses para sumarse a la conmemoración. Durante la protesta se realizaron pintas en la fachada del cuartel con leyendas como “Ayotzi vive +43” y “Hasta encontrar la verdad y justicia”.

Ante la acción, personal con cascos y escudos se posicionó como primera valla dentro del campo militar; detrás de ellos, según observadores, estaban agrupamientos de soldados y un tanque de dispersión. Los bomberos y fuerzas de seguridad intervinieron para controlar el fuego; hacia las dos de la tarde la mayoría de los manifestantes se había retirado y, según reportes, no se registraron lesionados.

Las familias aprovecharon la movilización para reiterar su reclamo hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): exigieron que no se descarte la línea de investigación que apunta al Ejército y demandaron la entrega de los 800 foliosque, sostienen, están en poder de la institución y contienen información clave para esclarecer el paradero de los estudiantes. Isidoro Vicario, integrante del equipo legal que acompaña a las familias, dijo que resulta incomprensible que la Sedena mantenga esos archivos inaccesibles, lo que, a su juicio, obstaculiza la búsqueda de la verdad.

Melitón Ortega, vocero de las familias, advirtió además sobre la posibilidad de que se intente “borrar, desaparecer y destruir” evidencias relacionadas con el caso, un riesgo que, dijo, impediría llegar a un esclarecimiento definitivo. Por su parte, Emiliano Navarrete —padre del normalista José Ángel— recordó denuncias previas sobre presuntas infiltraciones del Ejército en la Normal de Ayotzinapa y señaló que la institución tiene “cuentas pendientes” con el caso.

La jornada se produjo en la víspera del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, periodo en el que los familiares han mantenido la exigencia de verdad y justicia. Tras la movilización y el control del conato de incendio en el Campo Militar 1-A, las autoridades y las familias mantienen posturas enfrentadas sobre la responsabilidad institucional y el acceso a la información que los manifestantes consideran esencial para la investigación.