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Renuncia fiscal de Chihuahua tras irregularidades en operativo en Morelos

César Jáuregui deja el cargo al asumir responsabilidad política por fallas institucionales y busca dar paso a una investigación autónoma.

Chihuahua

28 de abril de 2026

Redacción

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua enfrenta un cambio en su conducción tras la renuncia de César Gustavo Jáuregui Moreno, quien dejó el cargo la noche del lunes al reconocer responsabilidad política por presuntas omisiones en un operativo reciente.


El caso se originó a partir de un despliegue realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde se reportó la presencia de personas extranjeras que se identificaron como funcionarios de otro país. Las circunstancias del operativo generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión institucional y la legalidad de la intervención.


La decisión de Jáuregui Moreno se produjo después de que Wendy Chávez Villanueva, responsable de la unidad especializada encargada de esclarecer los hechos, presentara los primeros avances de la investigación. En ese contexto, el ahora exfiscal admitió inconsistencias en la información inicial difundida y señaló deficiencias en los sistemas de control, comunicación y gestión dentro de la institución.


Durante su posicionamiento público, afirmó que, aunque se han obtenido resultados relevantes en el combate al crimen organizado —incluida la destrucción de un laboratorio de drogas de gran escala—, estos no pueden justificar actuaciones que se aparten del marco legal.


Jáuregui Moreno subrayó que su renuncia busca facilitar que las indagatorias se desarrollen con independencia, rapidez y profundidad. También planteó que el relevo en la Fiscalía permitirá avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana, fortalecer la disciplina interna y mejorar los controles institucionales, al tiempo que se resguarda la legitimidad de las acciones contra la delincuencia organizada.


El proceso de investigación continúa, mientras autoridades estatales deberán definir el rumbo de la Fiscalía en un contexto marcado por exigencias de transparencia y apego a la legalidad.

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