Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, aseguró públicamente que su conglomerado está dispuesto a liquidar 7,600 millones de pesos y solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una actualización formal del monto adeudado para poder realizar el pago “en menos de 10 días”, según documentos difundidos por el propio grupo. En esos papeles se menciona además un abono previo por 2,700 millones de pesos efectuado en octubre de 2022 que, según la empresa, forma parte del cálculo presentado para la oferta de pago.

Esa cifra propuesta por Salinas Pliego está muy por debajo de la que el Gobierno federal y la Procuraduría Fiscal han señalado públicamente: alrededor de 74,000 millones de pesos en créditos fiscales reclamos al conglomerado, monto que fue dado a conocer por la autoridad en junio y que ha sido reiterado en comunicados oficiales y reportes periodísticos.

La oferta del empresario llegó en un contexto mediático y público: la noche en que hizo el anuncio se celebró un acto masivo en la Arena Ciudad de México por su cumpleaños, donde, además de presentar documentos para sustentar su postura, trabajadores y simpatizantes difundieron en redes segmentos del mensaje y hubo manifestaciones de apoyo entre la audiencia. Grupo Salinas publicó en sus canales tres documentos que, según la empresa, incluyen cartas y solicitudes enviadas al SAT y al poder ejecutivo.

Por su parte, autoridades del Gobierno han negado que exista un acuerdo previo que reduzca el monto reclamado y han rechazado la idea de negociaciones fuera del marco legal. Voces oficiales sostienen que las cifras reclamadas por la Procuraduría Fiscal se mantienen y que cualquier ofrecimiento de pago debe ser verificado y tramitado conforme a la ley. El choque entre la propuesta de Grupo Salinas y la cifra oficial ha escalado la confrontación pública entre el empresario y el Estado.

Lo que dice la documentación presentada por Grupo Salinas

Según los documentos difundidos por la empresa, las cantidades que propone cubrir derivan de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006 y los cálculos internos están “sujetos a validación con el SAT”, según notas al pie de la propia documentación. La firma asegura que hubo acuerdos o compromisos anteriores con autoridades fiscales que, en su versión, no se cumplieron, lo que explicaría discrepancias en el conteo final de adeudos. Estas afirmaciones, sin embargo, requieren la comprobación oficial por parte de la autoridad fiscal.

Repercusiones políticas y judiciales

El episodio se enmarca en un proceso más amplio de confrontación entre el empresario y diversas instancias —fiscales, judiciales y, en lo mediático, con el gobierno— que incluye amparos, litigios y reportes sobre indeminizaciones y medidas cautelares. Las partes han llevado la disputa a foros públicos y judiciales, y la verificación del monto real adeudado dependerá de los procedimientos del SAT y de las decisiones que tomen tribunales y autoridades competentes.

Las claves inmediatas serán: la respuesta oficial del SAT a la solicitud de actualización del adeudo; la comprobación de los abonos señalados por Grupo Salinas; y las decisiones de la Procuraduría Fiscal y de los tribunales en los posibles recursos legales. Mientras tanto, la confrontación pública continúa, con impacto en la opinión pública y en la relación entre el sector empresarial y el gobierno.