La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, negó este martes las solicitudes de TV Azteca y Grupo Elektra para aplazar la resolución de siete juicios fiscales. Las empresas argumentaron que solicitaron al gobierno federal ajustar los montos de sus adeudos y pidieron que la Corte esperara esos posibles ajustes antes de emitir sentencias; la petición fue desechada por la presidencia del Alto Tribunal.

En la notificación remitida a las partes, la SCJN recordó que no existe disposición legal que faculte al ministro presidente para suspender el dictado de fallos por esa razón y subrayó la obligación del tribunal de resolver en los plazos y términos establecidos, en salvaguarda del acceso a la justicia.

Se trata de la segunda tentativa en dos semanas por parte de empresas del Grupo Salinas para frenar resoluciones de la Corte. En el órgano jurisdiccional permanecen al menos ocho casos vinculados con compañías del conglomerado que impugnan créditos fiscales cuya cifra, según estimaciones de la autoridad hacendaria, alcanza 48,393,975,821 pesos —incluyendo multas, recargos y actualizaciones—.

Además de pedir la postergación de fallos, Elektra y TV Azteca promovieron recursos de impedimento para apartar a las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf de la resolución de cinco de los juicios; esas solicitudes también fueron rechazadas por la presidencia de la Corte.

El conflicto fiscal con el Grupo Salinas ha incluido varias maniobras procesales y contrapropuestas económicas. El 27 de octubre, Grupo Elektra presentó solicitudes para inhibir a los nueve ministros de resolver dos litigios que, según la empresa, suman más de 34,373 millones de pesos correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos.

La semana pasada, el conglomerado solicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que actualizara los montos de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y anunció que saldaría la cuenta en menos de 10 días. La cifra que el empresario propuso pagar —7,600 millones de pesos, incluyendo un abono previo de 2,700 millones en 2022— contrasta con la estimación del gobierno federal, que, según la procuradora fiscal Grisel Galeano, asciende a alrededor de 74,000 millones de pesos reclamados por la autoridad.

Al ser consultada sobre la oferta de Grupo Salinas, la presidenta Sheinbaum fue categórica: no hay necesidad de una mesa de diálogo entre abogados y el SAT, sino de cumplir con la obligación de pago. “Lo único que hemos dicho es toma chocolate, paga lo que debes. Lo que les hemos dicho es: paga hoy, hoy, hoy. Ahí están las oficinas del SAT y las transferencias electrónicas”, señaló la mandataria el 28 de octubre.

Con el rechazo al aplazamiento y a las solicitudes de impedimento, la SCJN mantiene la ruta para emitir las sentencias en los plazos establecidos. Los fallos pendientes podrían definir el rumbo jurídico y financiero de las reclamaciones fiscales contra empresas relacionadas con el Grupo Salinas y marcar precedentes sobre la tramitación de recursos en casos de alto impacto económico y mediático.