El Senado de la República aprobó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como “Plan B”, aunque con un cambio sustancial: la eliminación de las disposiciones relacionadas con la revocación de mandato. La decisión se dio tras un acuerdo político que permitió alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

Luego de más de seis horas de debate, el dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra. La minuta, ya modificada, fue enviada a la Cámara de Diputados pasada la medianoche para continuar su proceso legislativo.

El punto de inflexión en la discusión fue la postura del Partido del Trabajo, cuyo respaldo resultó decisivo. Su dirigente, Alberto Anaya, condicionó el apoyo a la reforma a la eliminación del apartado sobre revocación de mandato. Aunque el PT votó a favor en lo general junto con Morena, posteriormente impulsó una reserva específica para retirar ese componente.

Durante la sesión, Anaya dejó clara la postura de su partido: respaldo al proyecto presidencial, pero con reservas en torno al artículo 35 constitucional. Aun así, aseguró que la coalición oficialista se mantiene sólida hacia los procesos electorales de 2027 y 2030, descartando fracturas internas.

En defensa de la iniciativa original, legisladores de Morena como Enrique Inzunza Cázarez argumentaron que la revocación de mandato debía entenderse como un mecanismo de rendición de cuentas ciudadana. Sin embargo, el bloque mayoritario optó por retirar el tema para asegurar la viabilidad de la reforma en su conjunto.

La reserva para eliminar este apartado fue presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, quien defendió mantener el esquema vigente de revocación en el cuarto año de gobierno, con el objetivo de preservar su carácter democrático.

Desde la oposición, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron duramente la reforma. Argumentaron que el proyecto buscaba incidir en el proceso electoral de 2027 y favorecer políticamente al oficialismo. Las críticas escalaron durante la sesión, evidenciando la polarización en torno a la iniciativa.

Pese a ello, el coordinador morenista Ignacio Mier rechazó que la eliminación de la revocación representara un revés. Sostuvo que el verdadero fracaso habría sido rechazar completamente la reforma, en referencia a intentos anteriores que no prosperaron.

El “Plan B” avanza así con ajustes que reflejan las negociaciones internas del bloque oficialista, en un contexto donde las mayorías legislativas siguen dependiendo de acuerdos políticos finos para concretar cambios constitucionales.