Este sábado, el Pleno del Senado aprobó con 77 votos a favor y 30 en contra el dictamen que expide la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pieza clave de las reformas de simplificación orgánica. El senador Javier Corral Jurado, en representación de las comisiones dictaminadoras, enfatizó que la norma es “más sólida, más clara, más justa y más incluyente”, al abandonar un modelo tradicionalmente concentrado en grandes concesionarios y dar prioridad a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.

Entre los cambios institucionales destaca la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo la estructura del Ejecutivo federal. Para garantizar un equilibrio de poderes, la ley crea además la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un ente desconcentrado de la ATDT, integrado por cinco comisionados con independencia técnica y operativa.

La iniciativa incorpora la consideración de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, esenciales para derechos como la educación, la salud y la libertad de expresión. Se establecen mecanismos de protección a las audiencias —incluido el nombramiento de un defensor en cada concesionario— y se eliminan facultades que permitían el bloqueo de plataformas o la propaganda extranjera, limitándola a contenidos culturales, deportivos y turísticos.

Para impulsar la cobertura social y cerrar la brecha digital, la ley propone incentivos fiscales a concesionarios que operen en zonas de difícil acceso y la participación activa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante su empresa de internet y telecomunicaciones. También se abren esquemas de uso compartido del espectro radioeléctrico, redes inteligentes y plataformas de gran altitud, buscando una red más eficiente y resiliente.

La reforma generó voces a favor y en contra: desde Morena, Corral y la senadora María Guadalupe Chavira destacaron el avance hacia la modernización digital, mientras que Ricardo Anaya (PAN) y Manuel Añorve (PRI) advirtieron riesgos de censura por el acceso a geolocalización sin orden judicial y la creación de un Padrón de Usuarios de Telefonía Celular. A pesar de las críticas, la nueva ley quedó lista para su turno en la Cámara de Diputados.