Sheinbaum descarta crisis en el INE y pide investigar posibles irregularidades
La presidenta afirmó que la salida de Guadalupe Taddei no afectará la continuidad del organismo electoral y respaldó la revisión de posibles conflictos de interés, contrataciones y uso de recursos públicos.

México
26 de octubre de 2026
Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) represente una crisis institucional. No obstante, consideró necesario investigar los señalamientos sobre posibles conflictos de interés, contrataciones y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro del organismo.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria señaló que la separación de Taddei permitirá avanzar en las investigaciones correspondientes y subrayó que existen disposiciones legales para garantizar la continuidad de las funciones del instituto.
Sheinbaum explicó que la legislación electoral establece el procedimiento para cubrir temporalmente la presidencia del INE y designar posteriormente a quien ocupará el cargo de manera definitiva.
De acuerdo con la presidenta, corresponde al Consejo General del organismo elegir a una persona consejera para asumir provisionalmente la responsabilidad, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento previsto para nombrar a la nueva titular o al nuevo titular.
Sheinbaum pide investigar posibles irregularidades en el INE
La mandataria sostuvo que deben revisarse los señalamientos relacionados con posibles abusos, privilegios o conflictos de interés dentro del organismo electoral.
En ese sentido, consideró necesaria una auditoría que permita esclarecer si existieron irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos o en las relaciones con proveedores y empresas contratadas por el instituto.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben concentrarse en los hechos y en el uso de recursos públicos, sin involucrar aspectos de la vida privada de la ahora exconsejera presidenta.
La presidenta también recordó que previamente había señalado la importancia de evitar cualquier sospecha de corrupción en el INE, institución responsable de organizar las elecciones federales y garantizar el cumplimiento de las reglas electorales.
Revisan contratos y proveedores del organismo electoral
Otro de los asuntos abordados por Sheinbaum fue la investigación relacionada con proveedores del INE y el congelamiento de cuentas bancarias de una empresa vinculada con la prestación de servicios al organismo.
La presidenta explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de uno de esos proveedores en 2023, cuando Pablo Gómez encabezaba la dependencia. Posteriormente, la empresa promovió un amparo que, según la información expuesta por la mandataria, derivó en el levantamiento de la medida, presuntamente en enero de 2024.
Estos antecedentes forman parte de los elementos que deberán revisarse para determinar si existieron irregularidades en las contrataciones o en el manejo de los recursos públicos.
Por su parte, la presidencia del INE informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio relacionada con el presunto uso indebido de recursos públicos.
El organismo también manifestó su disposición a colaborar tanto con la ASF como con su Órgano Interno de Control y señaló que los antecedentes correspondientes ya fueron remitidos a esta última instancia.
ASF e INE deberán actuar conforme a la ley
En su pronunciamiento, el INE destacó que la revisión de los hechos debe desarrollarse con apego al marco legal, respeto al debido proceso y observancia de la presunción de inocencia.
La investigación deberá esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades, sin anticipar conclusiones antes de que las autoridades competentes concluyan sus procedimientos.
Mientras avanzan las revisiones, Sheinbaum sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei no compromete la operación del instituto, debido a que la legislación contempla mecanismos para garantizar su funcionamiento.
El caso coloca bajo atención pública los procedimientos de contratación y fiscalización del organismo electoral, así como la actuación de las autoridades encargadas de investigar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.

