La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos este miércoles tres documentos vinculados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad.

La difusión ocurre un día después de que se conociera que la dependencia mantiene bajo reserva, por un periodo de cinco años, parte de la documentación diplomática relacionada con este caso, entre ella notas verbales, comunicaciones institucionales y minutas de reuniones. La Cancillería precisó que esa clasificación continúa vigente debido a la naturaleza de los expedientes judiciales, mientras que los documentos divulgados corresponden a información que puede hacerse pública.

Entre los materiales difundidos destaca un oficio fechado el 30 de abril, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE manifestó a la embajada de Estados Unidos su preocupación por la divulgación pública de los cargos y de los nombres de las personas señaladas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En ese documento, la dependencia sostiene que la difusión anticipada de información relacionada con solicitudes de extradición puede afectar el derecho al debido proceso de las personas involucradas, particularmente cuando aún no han sido detenidas ni sometidas al procedimiento correspondiente. Asimismo, recordó que previamente el propio gobierno estadounidense había solicitado mantener la confidencialidad de este tipo de información.

La Cancillería también pidió que, en futuras actuaciones, las autoridades estadounidenses respeten el compromiso de confidencialidad para evitar afectar el desarrollo de los procedimientos legales.

Otro de los documentos publicados contiene un resumen de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra las diez personas señaladas. Entre ellas se encuentran presuntos delitos relacionados con conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de cargos por posesión de armamento de alto poder. En uno de los casos también se incluye una acusación por secuestro con resultado de muerte. La SRE enfatizó que se trata de imputaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense y no de resoluciones judiciales definitivas.

Finalmente, en las líneas de comunicación difundidas, la Secretaría reiteró que las solicitudes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia competente para su análisis conforme al marco jurídico mexicano.

La dependencia sostuvo que cualquier procedimiento deberá sustentarse en pruebas suficientes y desarrollarse bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Al mismo tiempo, reafirmó que México mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de procuración de justicia, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y sin aceptar injerencias externas.

Como parte de esa postura institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, siempre en apego al debido proceso y a la legalidad.