La llamada “Ley Antimemes” volvió a generar debate en México luego de que el Senado aprobara en lo general, con 72 votos a favor y 34 en contra, una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. La discusión se concentra en un nuevo supuesto relacionado con el uso indebido de la identidad gráfica de instituciones públicas.

Pero, ¿hacer un meme sobre el Gobierno o utilizar el logotipo de una dependencia significa automáticamente cometer un delito? La respuesta requiere revisar los elementos que contempla la reforma y las observaciones realizadas por especialistas en derecho constitucional.

¿Qué conductas contempla la reforma?

El nuevo supuesto establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando determinadas conductas se realicen bajo condiciones específicas.

La disposición se refiere al uso, reproducción, imitación o incorporación de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales, siempre que se realice a escala comercial, tenga como finalidad inducir al error o al engaño sobre el origen oficial de una comunicación, plataforma, servicio o actuación de una institución pública y exista intención de cometer un ilícito.

Esto significa que el simple hecho de utilizar un logotipo gubernamental no reúne, por sí solo, todos los elementos descritos en el nuevo tipo penal.

Uno de los objetivos señalados alrededor de la reforma es atender conductas en las que se utilizan elementos oficiales para crear una apariencia de autenticidad y engañar a las personas. Un ejemplo sería una plataforma que imita la imagen de una dependencia pública para hacer creer a sus usuarios que están realizando un trámite oficial y posteriormente cometer un ilícito.

¿Y qué ocurre con los memes, la sátira y la crítica?

Aquí aparece una de las principales dudas planteadas por Daniela Carrasco Berge, académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

La especialista considera que la nueva redacción representa una reducción importante de los riesgos presentes en la propuesta original, debido a que ahora incorpora los elementos de escala comercial y finalidad de inducir al error o engaño. Sin embargo, sostiene que todavía existen interrogantes constitucionales por la amplitud de algunos términos.

Uno de los conceptos involucrados es el principio de taxatividad, que exige que los delitos estén redactados con suficiente claridad y precisión para que las personas puedan conocer qué conductas están prohibidas y para limitar la discrecionalidad de las autoridades.

Desde esta perspectiva, el debate no consiste únicamente en determinar si un meme puede utilizar una imagen institucional, sino en establecer con claridad cuándo ese uso deja de formar parte de una expresión y puede adquirir relevancia penal.

Un meme no es lo mismo que suplantar una institución

La diferencia puede observarse en el propósito del contenido.

Una persona podría utilizar deliberadamente el logotipo de una institución en una imagen humorística para que el público identifique el tema al que se refiere y entienda que se trata de una parodia, sátira o crítica. En ese supuesto, el elemento institucional forma parte del mensaje.

El escenario cambia cuando esos mismos recursos se emplean para simular que una comunicación o plataforma es oficialmente gubernamental con el objetivo de engañar a los usuarios y cometer un ilícito. Esa es precisamente la clase de conducta que la nueva disposición busca alcanzar.

Por ello, la discusión jurídica se encuentra en determinar cómo se aplicarán en la práctica conceptos como “escala comercial”, “inducir al error o engaño” y la intención de cometer un ilícito.

El riesgo de un efecto inhibitorio

Para Carrasco, una de las preocupaciones está en el efecto que una norma penal puede generar incluso antes de que exista una sanción.

Si las personas consideran que podrían ser investigadas por determinados contenidos, podrían decidir no publicarlos aunque se trate de expresiones legítimas. La especialista identifica este fenómeno como un posible efecto inhibitorio, particularmente relevante en internet, donde periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos recurren habitualmente a imágenes y símbolos institucionales para hablar de asuntos públicos.

La académica también señala que una investigación puede comenzar a partir de indicios razonables, sin que todos los elementos del delito estén acreditados desde el inicio. Esto abre una discusión sobre las garantías que deberían existir para evitar que expresiones protegidas terminen sujetas a investigaciones innecesarias.

¿Qué falta por definir?

Una de las propuestas planteadas por la especialista de la Ibero es incorporar expresamente una protección para usos informativos, periodísticos, educativos, artísticos, humorísticos, satíricos, paródicos y de crítica política cuando no exista la finalidad fraudulenta contemplada en el tipo penal.

De esta manera, el objetivo sería mantener diferenciadas dos situaciones: por un lado, el uso de elementos oficiales para construir una apariencia falsa y cometer un ilícito; por otro, su utilización como parte de una expresión reconocible como humor, crítica o parodia.

La reforma aprobada en lo general por el Senado todavía forma parte de un proceso legislativo. Por ello, el alcance definitivo dependerá del texto que finalmente quede aprobado y de su posterior aplicación e interpretación jurídica.