El presidente Donald Trump volvió a apuntar su dedo acusador hacia México, responsabilizando a los cárteles de la droga y a la clase política mexicana por el aumento de la adicción al fentanilo en Estados Unidos. Durante la firma de la nueva Ley Alto al Fentanilo, Trump afirmó que las organizaciones criminales mantienen un “control tremendo” sobre el territorio mexicano, y advirtió que hay que actuar para frenar el flujo de estas sustancias.

Sin embargo, en la misma conferencia de prensa en la Casa Blanca, el primer invitado en hablar fue un padre cuyo hijo desarrolló dependencia a opioides recetados legalmente por una empresa farmacéutica estadounidense. Con este contrapunto, quedó de manifiesto que la crisis de los opioides no solo se alimenta de la ruta internacional de fentanilo ilegal, sino también de años de prescripción excesiva y promoción agresiva de fármacos adictivos dentro de EE. UU.

La nueva legislación no introduce cambios a la regulación del fentanilo —ya considerado sustancia controlada—, pero sí fija penas mínimas obligatorias para quienes sean acusados de traficarlo. En el acto participaron familiares de víctimas de sobredosis y legisladores republicanos, ante quienes Trump señaló que su antecesor, Joe Biden, no hizo lo suficiente para detener la escalada de muertes.

Datos oficiales del Centro de Control de Enfermedades (CDC) muestran que las muertes por fentanilo se dispararon durante el primer mandato de Trump y siguieron en aumento bajo la administración de Biden, alcanzando un pico cercano a 111 000 fallecimientos anuales. No obstante, en los últimos dieciséis meses del gobierno de Biden, esa cifra descendió a 76 000, lo que sugiere una desaceleración de la tendencia mortal.

Al concluir el evento, Trump invitó a subir al estrado a Greg Swan, de Michigan, padre de Drew, quien perdió la vida tras un breve regreso al consumo de opioides recetados. Este testimonio evidenció que la crisis de los opioides tiene múltiples caras: no solo el fentanilo ilegal, sino también la sombra de la industria farmacéutica que, años atrás, contribuyó a fomentar la adicción mediante opioides como OxyContin, cuyas manufacturas pagaron miles de millones en demandas civiles sin enfrentar sanciones penales.

Expertos coinciden en que centrar la estrategia únicamente en la interdicción de drogas en la frontera ignora el papel de redes de distribución nacionales y de los propios proveedores de prescripciones médicas. Para abordar de verdad la epidemia, señalan, será necesario combinar medidas de control fronterizo con reformas al sistema de salud y al mercado farmacéutico interno.