En México, esta transformación ha sido impulsada, en gran parte, por el papel activo del sector privado. Sin embargo, esta tendencia no ha surgido en el vacío. Responde a al menos tres presiones convergentes que hoy moldean la manera en que se invierte y se construye.

La primera es la presión social. Cada vez más comunidades, organizaciones civiles y ciudadanos exigen que los nuevos proyectos minimicen su huella ecológica, respeten los ecosistemas locales y generen beneficios tangibles para la población. Esta vigilancia activa ha elevado los estándares y ha obligado a las empresas a incorporar prácticas más responsables.

La segunda presión proviene del sector público. Gobiernos locales y federales han comenzado a adoptar una visión más integral del desarrollo, impulsando normativas ambientales más estrictas, promoviendo la planeación urbana sustentable y priorizando inversiones que generen valor social además de económico. Pero hay una tercera presión que, aunque menos visible, resulta fundamental: el escrutinio de los inversionistas. Cada vez más fondos —especialmente los institucionales— exigen a las empresas que alineen sus proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este escrutinio no es solo ético; es estratégico.

Los inversionistas entienden que los proyectos sustentables son menos riesgosos, más estables en el largo plazo y mejor recibidos por las comunidades y los reguladores. Esto ha generado un cambio estructural en la forma en que se financian y se evalúan los desarrollos, incluidos los turísticos. Las inversiones respaldadas por fondos institucionales, como Afores o gestores internacionales, suelen estar sujetas a protocolos rigurosos de cumplimiento ambiental y social.

En consecuencia, los proyectos que emergen de estos esquemas financieros tienden a tener un mayor nivel de planeación, transparencia y sostenibilidad. En el caso del turismo, este cambio es especialmente significativo. Lejos de reproducir modelos extractivos del pasado, que priorizaban el rendimiento económico a costa del territorio, hoy surgen proyectos que integran diseño bioclimático, conservación de biodiversidad, movilidad sustentable y participación comunitaria.

Estas iniciativas están transformando regiones enteras: generan empleos, elevan la calidad de vida e incluso revalorizan el entorno natural como un activo a proteger, no a explotar. La evolución hacia un turismo sustentable no es fortuita.

Es el resultado de una nueva lógica de inversión que responde a múltiples demandas y que reconoce que el futuro del desarrollo está íntimamente ligado a la sostenibilidad. México, con su enorme riqueza natural y diversidad social, tiene ante sí la oportunidad de consolidar un modelo donde la inversión privada sea sinónimo de compromiso con el territorio