En México, el desarrollo suele colocarse en medio de una tensión legítima: entre quienes celebran la llegada de inversión privada como vía de crecimiento y quienes defienden su territorio frente a proyectos que podrían alterar su entorno natural y social. Ambas posturas tienen razón. La clave no está en decir sí o no, sino en identificar qué tipo de desarrollo es posible sin renunciar a la identidad de cada comunidad.

Uno de los sectores donde esta conversación cobra especial relevancia es el turismo, una industria que ha demostrado su capacidad para generar empleo, atraer inversión y detonar infraestructura, pero que también conlleva riesgos si no se planea con visión integral.

Turismo: un motor económico nacional

El turismo representa cerca del 8.5% del PIB nacional y ha sido uno de los sectores con mayor resiliencia y dinamismo en las últimas décadas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 4 millones de personas trabajan directa o indirectamente en actividades relacionadas con este sector, desde la hotelería y la restauración, hasta el transporte, el comercio y la producción artesanal.

Además de su impacto económico, el turismo ha tenido un efecto transformador en regiones que antes vivían del campo o la pesca, y que hoy ofrecen servicios turísticos, productos locales y experiencias culturales que integran a la población y diversifican la economía.

A diferencia de otras industrias, el turismo tiene la ventaja de descentralizar el crecimiento: no se concentra solo en las grandes ciudades, sino que abre oportunidades en comunidades rurales, pueblos costeros y zonas naturales. Esta capilaridad permite que los beneficios económicos lleguen a más personas, siempre que haya condiciones de equidad, regulación y corresponsabilidad.

La llegada de inversión turística ha transformado territorios enteros, pero no siempre de forma equitativa o sustentable. Por eso, en muchas regiones del país, han sido las propias comunidades las que han puesto límites, exigido respeto ambiental y obligado a los desarrolladores a elevar sus estándares. Esa presión social y organización local han sido fundamentales para que hoy existan más proyectos turísticos con visión de largo plazo, que respetan el entorno, capacitan a las personas y promueven un desarrollo con identidad local.

No se trata de detener el progreso, sino de moldearlo colectivamente. No toda inversión es positiva. Pero tampoco toda inversión merece ser rechazada de forma automática. En un país donde más de la mitad de la población está en la informalidad, cerrar la puerta a proyectos bien diseñados y sustentables puede significar perder oportunidades de empleo, conectividad y servicios. La CEPAL advierte que el déficit de inversión puede restar hasta dos puntos porcentuales al crecimiento económico anual.

Evaluar cada proyecto con criterios técnicos, sociales y ambientales debe ser una tarea compartida entre autoridades, empresarios y ciudadanía. El turismo, bien gestionado, puede ser un catalizador de bienestar. Pero solo si se construye con base en el respeto, la legalidad y la corresponsabilidad.

Las comunidades tienen derecho a defender su entorno, pero también la oportunidad de ser protagonistas de su transformación. México no se desarrolla por decreto ni por decreto se detiene. Su futuro se construye desde la información, el diálogo y la participación. Porque el desarrollo turístico que verdaderamente transforma no es el que impone, sino el que escucha, integra y comparte.