La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto el foco en las viviendas abandonadas de interés social, estimadas en al menos 600, 000 unidades construidas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Este lunes anunció el inicio de un censo y registro detallado para conocer cuántas de esas viviendas están realmente vacías, cuántas han sido ocupadas por familias necesitadas y cuántas se encuentran invadidas por grupos delictivos, lo que permitirá a las fiscalías definir acciones legales.

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y Canadevi, el déficit habitacional en México supera los nueve millones de casas. Más del 70 % de las viviendas actuales proviene de construcciones informales, y el 62 % ha sido edificado por los propios habitantes tras no acceder a créditos. A su vez, la producción de vivienda social ha caído de 136 ,000 unidades en 2018 a poco más de 56, 000 en 2023, mientras el precio del alquiler en grandes ciudades se ha multiplicado por ocho en los últimos 16 años.

La mandataria criticó que, en administraciones anteriores, el Infonavit funcionó “como un negocio privado” que ignoró las necesidades reales de los trabajadores: casas de apenas 10 m², sin servicios básicos y alejadas de centros urbanos. Para corregir este modelo, Sheinbaum adelantó una estrategia integral de recuperación de viviendas que incluye el levantamiento del censo, el análisis de la situación legal de cada casa y un programa de rehabilitación y distribución.

Esta hoja de ruta forma parte de un paquete mayor que contempla la construcción de un millón de viviendas de bajo costo, la escrituración de otro millón y el mejoramiento de 450 000 casas, con una inversión cercana a 600, 000  millones de pesos. Para ello, el Ejecutivo pedirá al Congreso ampliar las facultades del Infonavit y convertirlo en una constructora pública, con el fin de garantizar acceso real a la vivienda social y abatir el déficit habitacional.