Una acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York coloca en el centro de la controversia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos, al señalar la existencia de un presunto entramado de corrupción vinculado con la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

El documento judicial describe un esquema sostenido de pagos mensuales en efectivo —denominado como “narconómina”— dirigido a mandos policiales, autoridades municipales y figuras del gobierno estatal. Según la acusación, estos recursos habrían servido para asegurar protección institucional, facilitar operaciones ilícitas y consolidar control territorial.

Entre las personas señaladas se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; así como exmandos de seguridad y autoridades municipales de Culiacán. La acusación también menciona al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Presunta intervención electoral

Uno de los elementos más delicados del expediente es la supuesta participación del grupo criminal en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. De acuerdo con la acusación, integrantes de “Los Chapitos”, incluidos Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán López, habrían ordenado acciones como intimidación, robo de urnas y ataques contra opositores.

El documento señala que estas acciones habrían sido coordinadas con información proporcionada desde el entorno político, incluyendo datos de adversarios. Asimismo, se menciona que durante la jornada electoral se habrían dado instrucciones a cuerpos de seguridad para no intervenir ante hechos violentos.

Influencia en instituciones y seguridad

Tras la elección, la acusación sostiene que la organización criminal habría incidido en nombramientos estratégicos dentro de corporaciones de seguridad y estructuras de gobierno. Algunos funcionarios habrían ocupado cargos clave con presunta aprobación del grupo delictivo, lo que, según el expediente, permitió fortalecer su control sobre instituciones como la Policía Estatal y la Fiscalía local.

El caso de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, es citado como ejemplo de designaciones que habrían contado con aval criminal. De igual forma, se señala que ciertos funcionarios actuaron como enlaces políticos y financieros dentro de esta red.

Pagos sistemáticos y control institucional

El expediente describe una mecánica estructurada de sobornos mensuales. Según la acusación, operadores del cártel distribuían recursos en efectivo con base en listas detalladas que asignaban montos específicos a cada funcionario.

Entre los pagos señalados destacan cantidades superiores a los 100 mil dólares mensuales para altos mandos de seguridad, mientras que otros funcionarios habrían recibido cifras menores, pero constantes. Estos pagos no solo garantizarían protección, sino que también funcionarían como un mecanismo de control sobre decisiones institucionales.

Extorsión y disputas criminales

El documento también refiere prácticas de extorsión contra grupos rivales, particularmente en la producción de metanfetamina. En este contexto, algunos funcionarios habrían recaudado pagos para encarecer las operaciones de competidores, generando beneficios adicionales dentro del esquema descrito.

Alcance temporal de la red

La acusación ubica la operación de esta presunta red de corrupción desde al menos 2012 hasta abril de 2026. Sin embargo, precisa que los pagos variaron dependiendo del tiempo que cada funcionario permaneció en funciones.

Algunos casos documentan transferencias hasta fechas recientes, lo que, de acuerdo con el expediente, indicaría la continuidad del esquema en distintos niveles de gobierno.