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Agua contaminada en Guadalajara desata protestas; Sheinbaum rechaza la represión y la privatización

La crisis de abastecimiento y calidad del agua afecta a cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Tras los enfrentamientos durante una manifestación, la presidenta pidió explicaciones al gobierno de Jalisco y rechazó que la solución implique privatizar el servicio.

Guadalajara, Jalisco

12 de octubre de 2026

Redacción

La crisis del agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara escaló del reclamo vecinal a la confrontación con las autoridades, luego de que una manifestación contra la contaminación del suministro terminara en enfrentamientos entre policías y participantes. Ante los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la represión y solicitó al gobierno de Jalisco esclarecer las detenciones y el uso de la fuerza pública.


Durante su conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que las autoridades deben privilegiar el diálogo y distinguir entre la contención de actos violentos y la represión de una protesta. También pidió al gobernador Pablo Lemus informar sobre las personas detenidas y transparentar sus identidades.


La movilización del domingo reunió, según los datos difundidos, a alrededor de 10 mil personas y concluyó con choques entre manifestantes y policías antimotines en las inmediaciones de la residencia del gobernador. Las cifras sobre detenidos presentan diferencias entre los reportes disponibles: mientras una versión oficial citada inicialmente contabilizó 39 arrestos y 59 personas lesionadas, otra información sobre el pronunciamiento presidencial mencionó nueve detenidos. Los colectivos organizadores también denunciaron que cuatro personas no habían sido localizadas y reportaron afectaciones a periodistas.


Sheinbaum afirmó que no está de acuerdo con la represión y dejó abierta la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación participe en las conversaciones si las autoridades o las partes involucradas lo solicitan.


Agua contaminada en cientos de colonias


El conflicto tiene como origen una problemática que se ha prolongado durante años y que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, se agravó en meses recientes. Habitantes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá han reportado que el agua distribuida en sus hogares presenta malos olores y posibles contaminantes, entre ellos bacterias de origen fecal y metales pesados.


La situación afecta a unas 320 colonias de la zona metropolitana y ha generado exigencias para que las autoridades investiguen la calidad del suministro, atiendan los posibles riesgos sanitarios y garanticen el acceso a agua segura.


Entre los factores señalados en el diagnóstico de la crisis se encuentran la dependencia del lago de Chapala, las limitaciones de la infraestructura de conducción y las deficiencias de las plantas potabilizadoras. También se ha cuestionado la falta de obras complementarias para ampliar el abastecimiento, pese a los proyectos impulsados durante administraciones anteriores.


La controversia ha puesto bajo presión al gobierno estatal, que anunció la presentación de un plan para atender el problema después de que aumentaran las protestas y las demandas de los habitantes.


Sheinbaum rechaza privatizar el servicio


Además de cuestionar la actuación policial, la presidenta expresó su oposición a que la solución a la crisis implique privatizar el servicio de agua potable.


El gobierno de Jalisco ha planteado un esquema de financiamiento para desarrollar obras hidráulicas que podría involucrar la participación de empresas privadas en la operación del servicio. Ante esa posibilidad, Sheinbaum indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisaría la propuesta con las autoridades estatales.


La discusión se centra en cómo financiar y ejecutar las obras necesarias para mejorar el abastecimiento, renovar la infraestructura y garantizar la calidad del agua sin trasladar costos desfavorables a la población.


Mientras se define la ruta de atención, los habitantes continúan exigiendo respuestas sobre la contaminación, el suministro y las posibles consecuencias para la salud. La crisis también mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad de las autoridades estatales y la necesidad de establecer mecanismos de vigilancia y transparencia.


La solución deberá responder tanto a la urgencia sanitaria como a las deficiencias estructurales del sistema hidráulico. Para las comunidades afectadas, el desafío inmediato es recuperar el acceso confiable al agua potable y contar con información verificable sobre su calidad.

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