El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

La decisión fue tomada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, después de una audiencia que se prolongó durante más de 15 horas. La resolución implica que el proceso penal continuará, aunque no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad del exmandatario.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), existen testimonios que apuntan a que Aguirre habría ordenado ocultar o destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido aquella noche. Entre los elementos señalados se encuentra material videográfico obtenido de cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

La Fiscalía sostiene que dichas imágenes podían aportar información sobre el traslado de algunos de los estudiantes y sobre la participación de personas armadas y policías en los hechos. Según la investigación, el material habría llegado a manos del entonces gobernador días después de la desaparición y posteriormente habría sido entregado al procurador estatal.

La defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba con el propósito de cuestionar la acusación. Entre sus argumentos estuvo que el exgobernador se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, donde habría participado en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El juez determinó, sin embargo, que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes en esta etapa para desvirtuar la hipótesis planteada por el Ministerio Público.

Como parte de la resolución, se estableció un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán reunir y presentar nuevos elementos antes de que avance el proceso judicial.

Aguirre Rivero permanecerá en el penal del Altiplano mientras enfrenta el procedimiento. Su defensa busca modificar la medida cautelar para que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, argumentando su edad y condiciones de salud.

El caso representa un nuevo capítulo judicial en una investigación que, casi 12 años después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, continúa buscando esclarecer responsabilidades y determinar qué ocurrió con los estudiantes y con las evidencias generadas durante las primeras horas de la investigación. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa fue creada precisamente para investigar y perseguir los delitos relacionados con estos hechos.