El homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, durante la noche del sábado en el tradicional Festival de Velas, provocó una reacción inmediata del Gobierno federal: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo citó a primera hora a una reunión extraordinaria del gabinete de seguridad para coordinar apoyos y evitar la impunidad.

Sheinbaum condenó con firmeza el asesinato y expresó sus condolencias a la familia del presidente municipal y a la población de Uruapan. Tras la reunión, realizada en Palacio Nacional y que se prolongó por más de una hora, la mandataria informó que ordenó acciones de apoyo a la entidad y remarcó el compromiso del Estado para investigar los hechos.

En su comunicado y en publicaciones en redes, la Presidencia señaló que, desde que se tuvo conocimiento del ataque, la titular del Ejecutivo federal se comunicó con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien además anunció la convocatoria al gabinete de seguridad en sus propias redes. La Fiscalía estatal también ha mantenido comunicación con los mandos federales para avanzar en las indagatorias.

Autoridades federales confirmaron que Manzo contaba con protección de seguridad antes del ataque, información que refuerza la urgencia de las pesquisas para determinar cómo se produjo el homicidio y evitar que quede sin castigo. La Fiscalía y las fuerzas de seguridad anunciaron que revisarán videos y testimonios disponibles para seguir las líneas de investigación.

El crimen ocurrido en la plaza principal —durante un evento público con amplia asistencia— reavivó el debate sobre la seguridad en Michoacán y las demandas que el propio alcalde había planteado en ocasiones previas, cuando solicitó mayor presencia y apoyo federal para enfrentar la violencia que afecta a la región. La convocatoria del gabinete y la promesa de avanzar en la investigación fueron recibidas con exige ncias de justicia por parte de ciudadanos y actores políticos.

Según reportes locales, los funcionarios federales comenzaron a arribar a Palacio Nacional temprano por la mañana y se retiraron sin hacer declaraciones públicas tras la reunión, que la Presidencia anunció además como un paso para garantizar que “no haya impunidad”. Las autoridades informaron que ofrecerían una conferencia de prensa para dar a conocer avances en la investigación.

El suceso representa un nuevo golpe a la gobernabilidad local en una de las ciudades más pobladas del estado y abre interrogantes sobre los mecanismos de protección a servidores públicos y el seguimiento de amenazas previas. Las investigaciones en curso, con participación de instancias estatales y federales, determinarán responsabilidades y posibles medidas adicionales de seguridad en la zona.