El Gobierno de la Ciudad de México informó que la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles será pospuesta nuevamente y se prevé que sea enviada al Congreso local durante las primeras semanas de enero de 2026. Se trata del tercer aplazamiento de esta iniciativa, cuyo objetivo es regular los aumentos en los precios de renta y atender los efectos de la gentrificación en distintas zonas de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el retraso responde a la necesidad de integrar las conclusiones derivadas de los foros ciudadanos, así como observaciones técnicas que permitan fortalecer el contenido de la propuesta. La iniciativa había sido anunciada inicialmente para octubre y posteriormente para antes del cierre del periodo legislativo en diciembre.

A pesar del aplazamiento, las autoridades capitalinas recordaron que actualmente existe un marco legal vigente que protege a las personas arrendatarias. De acuerdo con el Código Civil, los incrementos en los precios de renta no pueden superar la inflación anual, por lo que la nueva legislación buscará reforzar la supervisión y el cumplimiento de estas disposiciones.

Como parte del paquete de medidas que acompañarán la iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzará la regulación de plataformas de hospedaje temporal, como Airbnb, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado inmobiliario y garantizar una oferta equilibrada, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026.

La jefa de Gobierno señaló que una de las primeras acciones será la puesta en marcha de un registro obligatorio de inmuebles destinados a estancias temporales, mecanismo que permitirá ordenar el sector y establecer controles claros para proteger a los residentes permanentes frente a los efectos de la gentrificación.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, explicó que el retraso obedece a un proceso de revisión técnica que incluye las conclusiones de los foros vinculados al Bando 1, así como recomendaciones de especialistas nacionales e internacionales. Entre ellas, destacó la asesoría de la exrelatora de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, quien aportó criterios para la aplicación de índices de precios de renta considerados razonables y efectivos.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que la nueva legislación cuente con herramientas claras, aplicables y alineadas con experiencias internacionales que han mostrado resultados positivos en la regulación del mercado de vivienda.