La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá impunidad tras la detención de 14 personaspresuntamente relacionadas con el ingreso ilegal de diésel al país, una red desarticulada después del aseguramiento de un cargamento de combustible en el puerto de Tampico. La mandataria dijo que cuando se detecta un entramado de corrupción y delitos, la respuesta del Estado debe ser firme para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

El caso se originó tras el decomiso, reportado en marzo, de un cargamento de combustible que las autoridades estiman en alrededor de 10 millones de litros (cifra ligada al buque incautado en Tampico), lo que motivó una investigación coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). Las pesquisas apuntaron al uso de empresas fachada, documentación apócrifa y presunta colaboración de funcionarios para introducir y comercializar el combustible sin pagar los impuestos correspondientes.

Entre los detenidos figuran integrantes del sector privado, servidores públicos y elementos de la Marina. Entre los nombres que han trascendido están el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el exjuez Anuar González Hemadi, además de varias personas reportadas sólo con iniciales por la investigación en curso. Las autoridades aún continúan precisando los roles y responsabilidades de cada detenido dentro de la red.

Sheinbaum explicó que la indagatoria lleva dos años y que el aseguramiento del tanque cargado de diésel permitió recabar pruebas determinantes para las detenciones. Asimismo, las autoridades federales reconocieron la importancia de denuncias previas presentadas por mandos de la Marina para avanzar en la identificación de irregularidades internas. Funcionarios como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles han destacado la colaboración institucional para desentrañar la operación.

Según las fiscalías y secretarías involucradas, el esquema consistía en introducir diésel al mercado sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —presentándolo como sustancias exentas— y después venderlo a estaciones de servicio o a flotillas con permisos, con márgenes de ganancia elevados al evadir obligaciones fiscales. La desarticulación de esta red forma parte de una ofensiva más amplia contra el llamado “huachicol fiscal”, delito que implica contrabando técnico y fraude tributario en combustibles.

Las indagatorias continúan abiertas y las autoridades han reiterado el compromiso de avanzar en las investigaciones para determinar responsabilidades y presentar cargos conforme a la ley. Las próximas etapas incluirán la identificación completa de los implicados, el análisis de la posible complicidad institucional y la apertura de carpetas de investigación que permitan sostener procesos penales cuando proceda.