La presidenta Claudia Sheinbaum condenó con firmeza el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y aseguró que se perseguirá a los responsables materiales y a quienes ordenaron el ataque, al tiempo que reafirmó que no habrá impunidad. En su intervención pública, la mandataria dijo que se tomarán las medidas necesarias —incluida la aplicación “de toda la fuerza del Estado”— para garantizar justicia a la familia y a la comunidad afectada.

Frente a reclamos para volver a tácticas más duras, Sheinbaum rechazó la militarización como opción de política pública, y recordó que estrategias pasadas basadas en despliegues militares no resolvieron el problema de violencia en estados como Michoacán. Señaló además que el camino que propone su gobierno pasa por la investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el abordaje de las raíces sociales del conflicto, en lugar de una escalada bélica.

La presidenta también se pronunció sobre la cooperación internacional: dijo que México acepta apoyo en materia de información e inteligencia, pero descartó cualquier forma de intervención que conculque la soberanía del país. La respuesta gubernamental, afirmó, combinará actuaciones inmediatas con trabajo de investigación para identificar redes y responsables.

La muerte de Manzo, ocurrida en un acto público durante las festividades del Día de Muertos, generó reacciones masivas en Michoacán y el resto del país; se registraron movilizaciones y muestras de dolor en Uruapan, donde familiares y vecinos exigieron respuestas rápidas. Autoridades federales informaron sobre detenciones relacionadas con el hecho y el avance de las pesquisas, en un contexto de creciente escrutinio sobre la política de seguridad nacional.

Además de su postura sobre seguridad, Sheinbaum denunció la existencia de campañas pagadas en redes sociales que, afirmó, buscan desinformar y politizar el homicidio con fines partidistas. La mandataria señaló también a actores mediáticos y empresariales a quienes atribuye una intención política en la difusión de contenidos críticos; informó que se hizo una revisión de cuentas para identificar financiamiento de tendencias y que dará a conocer los resultados del análisis. Asimismo, dijo haber contactado a la esposa y familiares del alcalde para ofrecer condolencias y apoyo institucional a través de la Secretaría de Gobernación.

El episodio reaviva el debate público sobre la estrategia contra el crimen organizado en México: por un lado, hay exigencias de mayor contundencia y despliegues; por otro, la Presidencia insiste en respuestas orientadas a inteligencia, justicia social y la investigación de las estructuras que posibilitan actos violentos. El caso de Uruapan coloca de nuevo sobre la mesa preguntas sobre prevención, responsabilidades institucionales y la protección de servidores públicos en zonas con alta presencia del crimen organizado.