Luego de que su iniciativa de reforma electoral no alcanzara los votos necesarios en la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que su administración impulsará un “Plan B” legislativo orientado a reducir privilegios en congresos locales y ayuntamientos, así como a fortalecer la participación directa de la ciudadanía en decisiones políticas.

Durante su conferencia matutina del jueves 12 de marzo, la mandataria aseguró que el rechazo de la propuesta original no representa un revés para su gobierno. Por el contrario, afirmó que el proceso permitió evidenciar la postura del Ejecutivo respecto al gasto público en el sistema electoral y al funcionamiento de los organismos encargados de organizar elecciones.

La propuesta inicial buscaba reducir el financiamiento público a partidos políticos y autoridades electorales, además de eliminar duplicidades administrativas entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales que operan en cada estado. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar en el Poder Legislativo.

Nuevo enfoque: congresos locales y municipios

Ante ese escenario, el gobierno federal prepara una nueva propuesta que será enviada al Congreso el próximo 16 de marzo. Este “Plan B” pondrá el foco en los presupuestos de los congresos estatales, con el objetivo de establecer límites que eviten diferencias significativas entre entidades que cuentan con el mismo número de legisladores.

De acuerdo con la presidenta, actualmente existen casos en los que dos estados con estructuras legislativas similares manejan presupuestos muy distintos, lo que refleja, a su juicio, desigualdades en el uso de recursos públicos.

La iniciativa también contempla reducir el número de regidores en algunos ayuntamientos, bajo el argumento de que varios municipios tienen más cargos de los necesarios para su funcionamiento administrativo.

Según explicó Sheinbaum, los recursos que se liberen mediante estos ajustes podrían destinarse a infraestructura y servicios públicos dentro de los propios municipios. Entre los rubros mencionados se encuentran obras de drenaje, sistemas de agua potable y mantenimiento urbano, como el bacheo.

Más herramientas de participación ciudadana

Otro de los pilares del nuevo planteamiento será ampliar los mecanismos de participación directa de la ciudadanía. En particular, el gobierno federal busca abrir la posibilidad de que ciertos temas electorales —actualmente excluidos por la legislación— puedan ser sometidos a consultas populares.

Entre los asuntos que podrían someterse a votación ciudadana se encuentra el financiamiento público a partidos políticos, una discusión que, según la presidenta, debería involucrar de manera directa a la sociedad.

Además, el Ejecutivo federal propondrá flexibilizar el mecanismo de revocación de mandato, con el objetivo de que este ejercicio democrático pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año de gobierno.

Con estas medidas, el gobierno federal busca reactivar la discusión sobre la reorganización del sistema político-electoral, ahora con un enfoque centrado en la eficiencia del gasto público y en el fortalecimiento de las herramientas de participación ciudadana.