La relación entre Colombia y Estados Unidos entra en una nueva etapa, con la seguridad, el combate al narcotráfico y la cooperación tecnológica como algunos de los principales puntos de coincidencia entre ambos gobiernos.

Durante su visita a Colombia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el cambio de postura de la nueva administración colombiana frente a las organizaciones criminales y consideró que las acciones emprendidas durante el último mes muestran una mayor determinación para enfrentar a estos grupos.

Uno de los asuntos centrales es la posibilidad de que Colombia recupere la certificación antidrogas de Estados Unidos, después de que el país fuera descertificado en septiembre del año pasado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Rubio sostuvo que la decisión dependerá de que Bogotá mantenga los compromisos asumidos y continúe con las acciones contra las estructuras dedicadas al narcotráfico. A su juicio, existe una diferencia importante en la estrategia de la nueva administración.

La seguridad también ocupó un lugar central en las conversaciones. Washington manifestó su disposición para ampliar la cooperación contra el crimen transnacional, particularmente mediante tecnología para enfrentar amenazas emergentes como el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

En este contexto, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, planteó el denominado “Plan Patriota Siglo 21”, que contempla la modernización de aeronaves, radares, drones, sistemas antidrones, helicópteros, defensa aérea, inteligencia, movilidad, ciberdefensa y fuerzas especiales.

La estrategia busca recuperar capacidades operativas para enfrentar organizaciones armadas que mantienen presencia en distintas regiones del país y que obtienen recursos principalmente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Colombia endurece estrategia contra el narcotráfico

Bogotá también anunció una ofensiva que contempla la erradicación de cultivos de coca, la destrucción de laboratorios y la persecución de los principales responsables de las redes de narcotráfico.

Otro punto de preocupación es la actividad del ELN y de disidencias de las FARC desde territorio venezolano. Rubio afirmó que Estados Unidos considera necesario terminar con la operación impune de estas estructuras en la frontera y señaló que este asunto será relevante para mejorar las relaciones regionales.

En materia económica, ambos gobiernos también negocian alternativas frente a los aranceles estadounidenses que afectan productos colombianos. Rubio señaló que existe interés de Donald Trump en alcanzar un acuerdo comercial con Bogotá.

La cooperación se extiende además al ámbito de la seguridad regional. Estados Unidos anunció que prevé proporcionar 1,000 millones de dólares en asistencia de seguridad al nuevo gobierno colombiano, mientras Washington y Bogotá buscan reconstruir una alianza que durante años tuvo al combate al narcotráfico como uno de sus principales ejes.

Para Rubio, la nueva etapa no pretende simplemente recuperar la relación anterior, sino profundizarla mediante una cooperación más amplia en seguridad, tecnología y comercio.