Una operación conjunta de ICE y la Guardia Nacional en dos plantaciones de cannabis con licencia estatal, ubicadas en Carpintería (condado de Santa Bárbara) y Camarillo (condado de Ventura), culminó ayer con al menos 100 migrantes arrestados. Los agentes federales ingresaron a los viveros de Glass House Farms en busca de trabajadores indocumentados, lo que derivó en enfrentamientos con grupos defensores de los derechos humanos y el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Según reportes locales, alrededor de 500 personas —entre ciudadanos estadounidenses y migrantes— se congregaron en las inmediaciones de las granjas, ondeando banderas mexicanas y demandando el cese de las detenciones. Videos en redes sociales muestran a agentes empleando proyectiles no letales contra la multitud, mientras el Departamento de Bomberos local atendía a cuatro lesionados trasladados a hospitales y a tres más asistidos en sitio.

La representante federal Salud Carbajal intentó supervisar la acción en Carpintería, pero le fue negado el acceso. Además, uno de los concejales municipales sufrió una fractura en el brazo tras un altercado con agentes, de acuerdo con The Independent. Ante estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores activó un protocolo de asistencia consular, con líneas de atención de emergencia para mexicanos en situación de detención: 1 (805) 627 3520 y 1 (520) 623 7874.

En paralelo, un juez de Nueva Hampshire emitió un fallo que bloquea temporalmente el decreto presidencial para restringir la ciudadanía por nacimiento, afectando a hijos de padres indocumentados. La medida —suspendida durante siete días para permitir una apelación— surge de una demanda colectiva presentada en favor de una mujer embarazada y otras familias.

Por su parte, migrantes recluidos en el nuevo centro Alcatraz de los Caimanes, en Florida, denunciaron condiciones deplorables: raciones infestadas de insectos, falta de agua potable y carencia de atención médica, según France 24. Mientras tanto, activistas pro palestinos como Mahmoud Khalil han llevado al gobierno ante tribunales por detenciones irregulares, demandando 20 millones de dólares.